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Liberatus

Quisiera plantear algunas reflexiones sobre la reciente declaración de la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) que calificó al sistema educativo uruguayo como “antidemocrático y anticonstitucional” y las sucesivas réplicas de diversas autoridades de la enseñanza pública del país.

1. La declaración de los obispos 

Aunque a primera vista pueda resultar chocante, la referida crítica de la CEU puede ser comprendida si se tiene en cuenta que está referida a un aspecto muy concreto: la injusta distribución de los subsidios estatales a las instituciones de enseñanza. Dichos subsidios financian el 100% del costo de la enseñanza pública. La enseñanza privada, en cambio, no recibe ningún subsidio “positivo” de parte del Estado, aunque se beneficia de la exoneración de impuestos nacionales y municipales dispuesta por el Artículo 69 de la Constitución Nacional. Dicha exoneración, que se puede considerar como un subsidio “negativo”, pues no implica un aumento de ingresos sino una reducción de costos, no altera en absoluto la situación de competencia desleal generada por el desigual reparto de los subsidios estatales propiamente dichos (“positivos”), por la simple razón de que la enseñanza pública goza de una exoneración impositiva no menor a la de la enseñanza privada.

Que de hecho se da en el sistema educativo uruguayo un caso de competencia desleal debería resultar evidente para cualquiera que analice desde el punto de vista económico nuestro “mercado de la educación”. En dicho mercado compiten una determinada cantidad de “productos”: los diversos sistemas de enseñanza. Desde el punto de vista del “consumidor” (el educando o sus padres) uno de esos productos es gratuito, gracias a un generoso subsidio estatal solventado por todos los ciudadanos mediante el pago de impuestos. Cada uno de los demás productos, en cambio, tiene para él un precio mayor o menor. Si bien el precio no es el único factor que interviene en la elección de un producto, es un factor de tanto peso que en muchos casos (sobre todo en los sectores de menores ingresos) el consumidor optará por el producto gratuito, aunque no lo satisfaga plenamente o sea de menor calidad que otros. El hemipléjico reparto de los subsidios configura pues una intervención del Estado en el mercado con el claro propósito de favorecer un determinado producto.

Que esta intervención estatal es antidemocrática y anticonstitucional surge de las siguientes consideraciones:

El Artículo 8 de la Constitución Nacional establece lo siguiente: “Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”. El sistema educativo uruguayo, sin embargo, realiza una clara discriminación entre las personas que prefieren una educación laica (a las que premia subvencionando totalmente el costo de su educación) y las personas que prefieren otros tipos de educación (a las que castiga negándoles una subvención similar y obligándolas a contribuir con el sistema de educación laica mediante el pago de sus impuestos).
En una verdadera democracia la soberanía popular no es absoluta, puesto que hay determinados “derechos, deberes y garantías” que provienen de la naturaleza humana y no están sujetos a la veleidosa voluntad de los hombres. La libertad de enseñanza es uno de esos derechos. Una decisión popular, por más mayoritaria que sea, no podrá ser realmente democrática si atenta contra la libertad que corresponde a la dignidad humana. En el caso que nos ocupa, además, es posible que los perjudicados por la discriminación descrita más arriba no sean sólo una respetable minoría sino la mayoría de la población.
Por otra parte nuestro sistema educativo es inconstitucional también en otro sentido: El Artículo 68 de la Constitución Nacional reza así: “Queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros o instituciones que desee”. He aquí una inconstitucionalidad flagrante y masiva: La intervención del Estado uruguayo en la regulación de la educación privada desborda ampliamente los estrictos límites fijados por este artículo constitucional, dado que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), actuando como juez y parte, regula a sus competidores privados en lo referido a planes de estudio, programas de cada materia, requisitos para los docentes, etc. etc.

2. Las réplicas de las autoridades

Reproduzco estas réplicas tal como fueron publicadas en el Nº 972 de “Búsqueda” y agrego mis comentarios (en negrita).

Carmen Tornaría, integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP: “No creo recordar declaraciones sobre el concepto de democracia (de los obispos) en momentos en que… la educación en general y la ciudadanía uruguaya estuvieron tremendamente comprometidas desde el punto de vista democrático… Muchas de las personas que firman esta declaración estaban en el país en esos momentos”.
La Consejera Tornaría incurre en un vicio muy extendido: a falta de mejores argumentos, apela al recurso de atacar a las personas que la contradicen, intentando vanamente erigirse en juez de la coherencia democrática de la acción de los actuales obispos, que por lo demás eran simples sacerdotes hace 25 años, en ocasión del golpe de Estado. Por otra parte, la Sra. Tornaría muestra una corta memoria: La CEU se pronunció repetida e inequívocamente en favor de la vigencia de la democracia y los derechos humanos durante la pasada dictadura militar. Y por cierto, esas declaraciones públicas no fueron el único ni el más importante aporte de la Iglesia Católica uruguaya a la recuperación de los valores nacionales.

Carmen Tornaría: La declaración de la CEU “revela falta de información… de los variados sistemas de subsidio que el Estado uruguayo le da a la educación privada”.
Otra afirmación temeraria. Ahora la Sra. Tornaría acusa gratuitamente a los obispos de ignorancia. Cabría recordarle que el Estado, al otorgar exoneraciones impositivas a la educación privada, no hace más que cumplir parcialmente con sus deberes relativos a la promoción de las actividades educativas y culturales y a la salvaguardia de la libertad de enseñanza. No se trata aquí de un privilegio cuyos beneficiarios, por gratitud, tendrían que acallar eventuales críticas a su benefactor.

Carmen Tornaría: “Las sociedades religiosas… son en general fuertemente autoritarias”.
¡Reveladora declaración! De ahí a afirmar que la Iglesia menoscaba la dignidad humana no hay más que un paso. Es muy interesante conocer cuál es el juicio que la Iglesia le merece a tan alta autoridad de la ANEP. Sería más interesante todavía saber cuántos docentes subordinados al Codicen comparten ese juicio y lo traslucen en sus clases.

Yamandú Fau, Ministro de Educación y Cultura: “En la educación pública uruguaya no se practica el laicismo”.
En mi opinión esta afirmación paradójica es literalmente verdadera, pero es falsa en el sentido pretendido por su autor. Seguramente el Ministro Fau quiso decir que la educación pública no transmite unos contenidos filosóficos cuestionables. En este sentido la afirmación me parece falsa. Si la educación pública es laica, no puede dejar de manifestar y transmitir la ideología que sustenta su “ser laica”. Y a esa ideología cabe denominarla laicismo, secularismo, humanismo o de cualquier otra forma, pero no por eso deja de ser una ideología entre muchas otras posibles. Ahora bien, tomando su frase literalmente, el Ministro tiene razón: La educación pública no practica el laicismo que dice profesar, porque la neutralidad frente a los problemas referidos al sentido último de la existencia es absolutamente impracticable, como lo enseñan la filosofía y la teología.

Yamandú Fau: “Jamás la educación pública ejerció influencia de tipo alguno en favor de una u otra creencia”.
El Ministro Fau da por cierto lo que él quisiera que fuera verdad, pero su aseveración contradice frontalmente la experiencia de muchísimos uruguayos de todas las generaciones.

Jorge Carbonell, Consejero de Educación Secundaria: Es “un disparate suponer que alguien va a financiar la educación en algún credo en particular o en todos en general”.
Dejando de lado lo confuso de esta expresión, habría que recomendarle al Sr. Carbonell que tome un poco más en cuenta lo que sucede en el mundo alrededor nuestro, puesto que lo que él considera absurdo es una realidad en muchas naciones.

Sirio Nadruz, Director General de Educación Primaria: La declaración de la CEU es totalmente inaceptable porque “cuestiona más de un siglo de la mejor tradición” de la enseñanza pública.
¡Qué audacia inaudita la de los obispos! ¡Haber osado cuestionar el infalible dogma vareliano…! Tengo la impresión de que de ahora en adelante escucharemos cada vez con más frecuencia estos y otros cuestionamientos, aunque puedan resultar ingratos a los oídos del Sr. Nadruz.

3. Dos observaciones finales

El slogan que caracteriza a la escuela pública uruguaya (la “escuela laica, gratuita y obligatoria”) es el producto de un acto fallido que haría las delicias del Dr. Freud. En efecto, la escuela pública es laica y gratuita, pero no es obligatoria. Lo obligatorio según la legislación nacional es la escuela en sí misma, pública o privada, laica o confesional, gratuita o paga. El referido slogan manifiesta la intención oculta que sostiene el injusto sistema de subsidios a la educación: Hacer obligatoria la enseñanza laica mediante su gratuidad. Parafraseando a Henry Ford, el Estado uruguayo le dice implícitamente a los ciudadanos pobres (una minoría considerable de la población): “Pueden elegir el tipo de educación que deseen, siempre y cuando sea laica”.
Uno de los objetivos del gobierno del Gral. Artigas era “promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable”. En lo relativo a la libertad de enseñanza los uruguayos estamos todavía lejos del cumplimiento de esta instrucción artiguista.