opinion

Eduardo Casanova

Cada vez nos resulta más frecuente comprobar que, bajo el pretexto de la libertad de opinión y con la falsa excusa del consenso, se pretenden justificar conceptos que carecen de fundamento científico y conductas que no son éticas. En este sentido nos parece necesario destacar que no es “materia opinable” la evidencia científica y no es tampoco “materia de consenso” la propuesta de conductas contrarias al ordenamiento moral.

La “cultura de la encuesta” y el mito de una pseudo-democracia pretenden que la verdad se alcanza por el voto de las mayorías. Sin embargo, la opinión mayoritaria puede resultar tan absurda y rechazable como el mismo “argumento de autoridad”, que termina toda discusión y búsqueda de la verdad, con el fácil recurso de asegurar que “lo dice éste o aquél.”

Algo de lo que venimos sosteniendo lo comprobamos en temas referidos a la vida humana, por ejemplo para promocionar el aborto a nivel de la opinión pública. Es un discurso frecuente sostener que, dado que no hay unanimidad de criterios, el tema debería plebiscitarse o bien discutirse en el Parlamento, como si el Parlamento (por su sola autoridad) o el plebiscito (por la sola acumulación de votos) pudiesen promulgar con legitimidad aquello que es falso o es verdadero, lo que es ético o lo que es inmoral, respecto a la vida humana.

En nuestros días y en nuestro país, se repite el debate tanto sobre la posibilidad de despenalizar el aborto, como sobre la de estimular medios anticonceptivos que resultan abortígenos. Tanto para lo uno como para lo otro, se recurre a razones que, sin ser científicas, se pretende respaldar por el puro consenso, incluso de científicos, pero que no utilizan la evidencia para sostener sus afirmaciones. Ello ocurre por ejemplo, cuando se pretende fijar arbitrariamente el inicio del embarazo varios días después de que se inicia la vida biológica. Se pretende que, por la sola razón de que sea sostenido por diversas personas (incluso médicos, biólogos o bioeticistas,) sea válido, aunque carezca de evidencia científica objetiva. En otros casos, se pretende validarlo como postulado aprobado por una mayoría de ciudadanos o de legisladores. Sin embargo, ni los plebiscitos ni los acuerdos parlamentarios alcanzan por sí mismos categoría de verdad científica ni de justificación ética.

Dadas estas circunstancias parece imprescindible realizar las siguientes precisiones:

  1. Al parecer estamos todos de acuerdo en que la vida humana tiene igual categoría aunque sea pequeña, tiene los mismos derechos a ser vivida y genera los mismos deberes a ser respetada. Por ello no podemos justificar su homicidio, por el solo hecho de que en la “realidad” sea frecuente dicha agresión. Cuando se habla de “realidad”, se sustituye la evidencia científica objetiva por la mera constatación de una determinada práctica o preferencia del público, recogida a través de una encuesta o interpretada por los parlamentarios. Desde luego, esta “realidad” es muy diferente de la evidencia científica, que recoge un fenómeno que no depende de una voluntad o de una mayoría de voluntades, sino de un ordenamiento presente en la naturaleza estudiada, con una reiteración y una extensión que le da carácter de ley. Es esa ley la que tiene valor de referencia, no la ley presente en una “realidad”, que no necesariamente coincide con el ordenamiento moral natural. Si no fuese así, el actual incremento en el uso de la pasta base debería considerarse como una señal de la realidad, que podría inducirnos a aprobar su uso y hasta a recomendarlo.
  2. Parece claro que el elemento de referencia para interpretar esa “realidad”, en relación al conocimiento de lo que es mejor para el ser humano, y para regular su conducta en un sentido ético es la relación con el ordenamiento moral, presente en la naturaleza objetiva del cosmos, de la que forma parte el ser humano. No de otra manera puede entenderse la salud individual y la salud del cuerpo social y familiar integrado. No se trata de una simple “opinión”, ni de un mero “consenso de opiniones”, sino de una relación coherente con el bien de la persona y de su desarrollo en plenitud. Depende fundamentalmente de excluir opciones que no pueden considerarse auténticamente “libres”, ni legítimas, cuando causan un daño real al ser humano individual o a la sociedad en su conjunto. En este sentido, la orientación hipocrática de primum non nocere, lo primero es no hacer daño, sigue oficiando de referencia ética fundamental.
  3. Es frecuente comprobar por ejemplo, en relación con los abusos que sufre la mujer en diversos lugares del mundo, que ese solo hecho se utilice como argumento para legitimar el aborto. Como si el atropello realizado contra un ser humano, legitimase el atropello a realizarse contra otro, que ni es responsable de la situación de su madre, ni es capaz de defenderse de ella. Si realmente deseamos promover los derechos de la mujer, deberíamos en propiedad no dejarla de concebir como madre, para atribuirle una “licencia para matar” a su propio hijo. ¿De qué consenso, de qué “realidad” estamos hablando? ¿Cuál es la mayoría plebiscitaria o parlamentaria que justificaría esta opción como de validez ética?
  4. Nos llama la atención que legisladores que se proclaman a sí mismos como defensores de los derechos humanos, y particularmente de los derechos de la mujer, no tengan una imaginación más creativa para proponer otros medios, para que las mujeres puedan encarar sus embarazos de modo más positivo y en favor del desarrollo humano.
  5. El derecho a opinar y a debatir, desde luego siempre existe, pero en la medida que esas opiniones y esos debates, no agravien el derecho de los demás. No puede debatirse, ni opinarse, de modo legítimo, acerca de si deben o no ser respetados los derechos de personas de otras razas o religiones. Tampoco debería debatirse u opinarse, ni en el Parlamento, ni en ningún otro ámbito, acerca del derecho que tienen otros seres humanos para mantener su propia vida. ¿Nada menos que en el Parlamento se pretende violar el derecho a la vida, de los más débiles e indefensos, y ello, bajo el pretexto de defender derechos humanos? ¿Podemos debatir acerca del modo de compatibilizar el asesinato de los inocentes e indefensos, con la defensa de los derechos humanos?
  6. Si para despenalizar el aborto debemos partir de que es un hecho frecuente y realizado en condiciones de riesgo, deberíamos razonar que podría también despenalizarse la rapiña. Si es cierto que lucran muchas clínicas clandestinas que realizan abortos, también es cierto que la sociedad gasta muchísimo dinero en reprimir delitos contra la propiedad privada. Aplicando criterio similar al que se propone para el aborto, se podría despenalizar también el hurto y la rapiña. De este modo, no sólo se solucionaría la sobrepoblación carcelaria, sino que se aliviaría a toda la sociedad de un enorme peso económico. Pero ello, como es evidentemente absurdo y de grave riesgo, simplemente no se plantea. Resulta evidente entonces, que el carácter ético y científico de esa actitud deriva sólo de que se afecten aquellos que, aunque sean inocentes, no puedan defenderse por sí mismos. A ellos se les condena a muerte.

De estas reflexiones rescatamos un aspecto que nos parece fundamental: la libertad sólo puede proclamarse en la medida que se defienda la vida de los demás, que es condición para ejercer la misma libertad. De otro modo, no defendiendo la libertad a vivir de los más indigentes y necesitados, tampoco podrá defenderse ningún derecho.