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Instituto Pastoral de Bioética Juan Pablo II

El Parlamento está discutiendo en estos días, el proyecto de legalización de las uniones concubinarias. A continuación exponemos algunas de las razones por las cuales no se debería aprobar esta ley.

Ante todo hay que recordar que “Con el reconocimiento público de las uniones de hecho, se establece un marco jurídico asimétrico: mientras la sociedad asume obligaciones respecto a los convivientes de las uniones de hecho, éstos no asumen para con la misma las obligaciones esenciales propias del matrimonio. La equiparación agrava esta situación puesto que privilegia a las uniones de hecho respecto de los matrimonios, al eximir a las primeras de deberes esenciales para con la sociedad. Se acepta de este modo una paradójica disociación que resulta en perjuicio de la institución familiar. Respecto a los recientes intentos legislativos de equiparar familia y uniones de hecho, incluso homosexuales ( conviene tener presente que su reconocimiento jurídico es el primer paso hacia la equiparación), es preciso recordar a los parlamentarios su grave responsabilidad de oponerse a ellos, puesto que “los legisladores, y en modo particular los parlamentarios católicos, no podrían cooperar con su voto a esta clase de legislación, que, por ir contra el bien común y la verdad del hombre, sería propiamente inicua.”[1]

“A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuanto tales, reconocimiento legal.”[2]

Una ley absurda

Surge del proyectado “Artículo 1 (ámbito de aplicación)” que:

“La convivencia interrumpida de al menos cinco años en unión concubinaria more uxorio genera los derechos y obligaciones que se establecen en la presente ley (artículos 2 al 13); sin perjuicio de la aplicación de las normas sustantivas pertinentes a las uniones de hecho no reguladas por la presente norma.”

Debemos preguntarnos por que razón quien toda su vida quiso vivir en la informalidad y evadir responsabilidad bajo el lema “hay cosas más importantes que la libreta de matrimonio”, ahora va a optar por registrarse como concubino para obtener ciertos derechos. Quien resuelva cambiar de punto de vista y regularizar su situación mejor es que se case y no que formalice el concubinato.

Parece absurdo querer formalizar lo que por voluntad de los propios involucrados es informal. No parece razonable legalizar una unión de hecho por vía de esta ley, cuando ya existe una ley que permite formalizar las uniones concubinarias – una vez disuelto el eventual vínculo anterior – que se llama matrimonio.

Para calibrar el alcance de esta ley, basta evaluar qué pasaría, una vez aprobada esta ley, con las uniones libres no registradas oficialmente. En otras palabras, no queda claro donde está el límite entre la relación formal y la informal, una vez borrada la línea que separa el matrimonio civil (unión formal) del concubinato (unión informal).

Legalización de la poligamia

En el Artículo 2 del proyecto se establece:

“(Caracteres). A los efectos de esta ley se considera unión concubinaria “more uxorio” a la situación de hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas -cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual- que mantienen una relación afectiva de índole sexual, de carácter exclusiva, singular, estable y permanente, sin estar unidas por matrimonio entre sí y que no resulta alcanzada por los impedimentos dirimentes establecidos en los numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 91 del Código Civil.”

En forma sutil se ha salteado el inciso 3 que dice: “el vínculo no disuelto de un matrimonio anterior”. O sea que no opera como impedimento de la formalización del nuevo vínculo heterosexual u homosexual el estar previamente unido en matrimonio.

Esto trae como lógica consecuencia que se puede formalizar una relación concubinaria o más sin haber disuelto el vínculo matrimonial anterior acumulando formalmente dos o mas vínculos dentro de la ley. Lo cual constituye poligamia.

No parece necesario aquí explicar los inconvenientes de una sociedad en la que reine la poligamia. Simplemente diremos que ello configura un claro e irresponsable atentado contra la misma naturaleza humana.

Patente para la infidelidad

En el proyectado artículo 15 se establece:

“Agrégase al artículo 127 del Código Civil, el siguiente inciso: La obligación de fidelidad mutua cesa, si los cónyuges no viven de consuno.”

Se desprecia aquí el deber esencial del vínculo matrimonial y familiar que es el de la fidelidad entre esposos y se pretende legalizar la omisión de este deber sin dar ningún tipo de explicación ni fundamento. La pregunta que nos queda por hacer es: ¿para qué contraer matrimonio si no va a regir el deber de fidelidad?

Todo lo expuesto es el más claro y grave atentado que se ha cometido en proyectos de ley contra la familia uruguaya desde que existe el Parlamento uruguayo, tratando de destruir sus mismos fundamentos.

Adviértase que concebir el matrimonio como una relación heterosexual y manifestar que la fidelidad es el sustento del vinculo matrimonial no es patrimonio exclusivo de los cristianos, sino que estos criterios son propios de la misma naturaleza humana y deben defenderse más allá de los credos y las religiones por todos quienes realmente se preocupen por el futuro de su familia y del país.

No sólo se intenta legalizar la poligamia (art. 2), sino que al cesar la obligación de fidelidad mutua se legaliza el adulterio. Pensemos en el panorama que eso abre para los hijos que eventualmente nacerán de estas uniones. Nacer dentro de una familia integrada por un padre y una madre claramente identificables, será algo extraño. ¿Acaso el objetivo que se busca es que las mujeres “produzcan hijos” al margen de una familia para que los eduque el Estado?

Uniones homosexuales

La persona homosexual merece el máximo respeto. Pero una cosa es la persona y otra los actos que se pretenden legalizar con esta ley que son claramente atentatorios contra la ley moral natural.

El proyecto apunta a legalizar las uniones homosexuales. Lo paradójico del caso es que uno de los firmantes del proyecto original (octubre de 2003), con anterioridad a esa fecha afirmó que el concepto de concubinato en la legislación uruguaya, es derivado del concepto de matrimonio y que, por tanto, sólo puede aplicarse a la unión entre un hombre y una mujer.[3] Así, ni siquiera se podría denominar a la ley “de unión concubinaria”, porque este término lo reserva el Derecho uruguayo exclusivamente para las uniones de hecho heterosexuales.

Aclaramos por otra parte, que el ordenamiento jurídico vigente permite a los homosexuales proteger sus derechos civiles. Pueden establecer sociedades civiles en las que las partes convengan a qué derechos y deberes se obligan, pudiendo variar la forma del contrato en cada caso. La libertad y variedad de sociedades es muy amplia. Igualmente, las parejas homosexuales tienen la posibilidad de hacer testamentos recíprocos que beneficien mutuamente a ambos interesados.

A nuestro juicio, la única justificación para no aprovechar las leyes civiles vigentes y promover una ley que empiece a equiparar los deberes y derechos del matrimonio con los de las parejas homosexuales, es la importancia que estas parejas dan a la adopción de niños. No abundaremos en detalles sobre la inconveniencia de esta práctica. Sólo diremos que está más que comprobada la importancia que tiene para los niños la presencia simultánea de las figuras paterna y materna en el hogar.

Se trata de un proyecto de ley claramente inconstitucional

En la Exposición de Motivos del proyecto original, se afirma lo siguiente:

“El artículo 40 de la Constitución establece que: “La familia es la base de nuestra sociedad” e impone al Estado la obligación de velar “por su estabilidad moral y material”. Dicho precepto constitucional no hace referencia a un modelo de familia determinado ni predominante, lo que hace necesaria una interpretación amplia de lo que debe entenderse como tal, consecuente con la realidad social actual.”

En realidad, lo que dice el Artículo 40 de la Constitución, es lo siguiente:

“La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.” ¿Por qué se amputó intencionalmente esta parte del articulo? La intención es obvia: querer presentar a la familia desvinculada de los hijos, lo que no sólo es antinatural sino inconstitucional.

La Carta Magna concibe a la familia como la relación de un hombre y una mujer con posibilidades de procreación lo que por cierto no puede ocurrir con las relaciones homosexuales.

Con sólo consultar los antecedentes de esta norma (Acta 39 de la Comisión Constituyente de 1934) y tener presente lo sostenido por Stewart Vargas, Secco Illa, Etchegoyen, concluimos que esta norma alude a la familia legítima sustentada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Gross Espiell (Revista Uuruguaya de Derecho de Familia, nro. 5, p. 67) realiza un interesante estudio del tema y concluye en el criterio aquí expuesto.

Por si alguna duda quedare, la sistemática con el art. 41 del mismo cuerpo normativo confirma este criterio al sobrentender a la familia como una relación humana de la que puedan nacer hijos. Por esta razón la norma referida señala que el cuidado y educación de los hijos es un deber y un derecho de los padres. Es obvio entonces que lo que la Constitución entiende por familia es una institución basada en el matrimonio e integrada por un padre, una madre y sus hijos (naturales o legales).

La conclusión obvia es que si un proyecto de ley pretende asimilar en derechos a las relaciones homosexuales y las heterosexuales es inconstitucional, pues la Carta Magna sólo protege a éstas y no a las otras.

Discriminar es tratar igual a los desiguales

Los partidarios del proyecto han manifestado que a lo que se aspira es a eliminar discriminaciones injustas, pues deben protegerse los sentimientos de las parejas homosexuales de la misma forma que se protegen los sentimientos en las relaciones heterosexuales. En realidad, con la familia heterosexual no se protegen sentimientos sino la base de la misma sociedad como ámbito en el que se pueden y deben formar los hijos. Pero lo que es realmente discriminatorio es pretender un trato igual para relaciones sustancialmente diferentes.

El matrimonio como vínculo de un hombre y una mujer es la familia que hoy y siempre será la base de la sociedad

Para terminar, hay que decir que las parejas unidas en matrimonio, contribuyen a “garantizar el orden de la procreación”. “El derecho civil les confiere un reconocimiento institucional” porque son “de eminente interés público”. Por eso “constituye una grave injusticia sacrificar el bien común y el derecho de la familia con el fin de obtener bienes que pueden y deben ser garantizados por vías que no dañen a la generalidad del cuerpo social.”

Por lo expuesto, ante un proyecto de ley que promueva la legalización de las uniones homosexuales, “el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley. Conceder el sufragio del propio voto a un texto legislativo tan nocivo del bien común de la sociedad es un acto gravemente inmoral.”[4]

Conclusión

Este proyecto de ley es un síntoma del estado actual de nuestra cultura. No hemos superado el hambre y la pobreza, pero nos damos el lujo de perder tiempo y energía discutiendo leyes que, como ésta, no contribuyen en lo más mínimo al bien común de la sociedad. Leyes que, junto con las de aborto, eutanasia y esterilización, contribuyen – cada una a su manera – a establecer conductas antiprocreativas y destructivas de la población. En un país con demografía de país desarrollado y economía de país subdesarrollado, esto es casi como promover un suicidio colectivo. ¿Es esto lo que nuestros legisladores quieren para nuestra sociedad?

 

 


[1] Pontificio Consejo para la Familia, Familia, Matrimonio y Uniones de Hecho, 26 de julio de 2000, nro. 16.

[2] Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota Doctrinal Sobre Algunas Cuestiones Relativas al Compromiso y la Conducta de los Católicos en la Vida Política, 24 de noviembre de 2002, nro. 4.

[3] Jorge Orrico, versión taquigráfica de la reunión realizada el día 27 de junio de 2001 con motivo de la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia: “Concubinato es una relación entre hombre y mujer porque el concepto de concubino deriva del concepto de matrimonio, que en la legislación uruguaya es heterosexual. (…) En realidad, no existe ninguna disposición específica del Código Civil que establezca que el matrimonio significa una unión entre personas de distinto sexo. Pero eso deriva de la economía del Código, porque algunas disposiciones no serían entendibles si no estuviéramos hablando de la unión heterosexual. La que más recuerdo ahora -hay otras- es la que establece que, decretado el divorcio, la mujer no podrá seguir utilizando el apellido de su marido. Ésta y otras disposiciones dan la pauta de que en el sistema del Código Civil cuando se habla de matrimonio se hace referencia a la unión entre un hombre y una mujer. Esto es independiente del concepto que existía en la época de la sanción del Código en que a nadie se le iba a ocurrir pensar en matrimonios de personas del mismo sexo. Esto aparece claro. Como el concubinato de algún modo es una institución que surge del matrimonio y a la cual se le aplican muchos de sus elementos – por ejemplo toda la parte de bienes y demás – entonces, se entiende que el término refiere a una relación heterosexual, pero en ningún artículo de ningún lado va a decir que eso es así.”

[4] Congregación para la Doctrina de la Fe, Consideraciones Acerca de los Proyectos de Reconocimiento Legal de las Uniones entre Personas Homosexuales, 3 de junio de 2003; nn. 9 y 10.