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Equipo de Dirección

De nuevo a la carga contra la vida humana

El pasado martes 3 de julio de 2007 la Comisión de Salud Pública del Senado uruguayo aprobó los primeros seis artículos del proyecto de Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, cuyo principal objetivo es la legalización del aborto voluntario. Los artículos aprobados pertenecen al Capítulo I, titulado “De los Derechos Sexuales y Reproductivos”.

Según versiones de prensa, el proyecto lleva la firma de los siguientes Senadores del partido de gobierno: Alberto Couriel, Susana Dalmás, José Korzeniak, Eduardo Lorier, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Margarita Percovich, Eduardo Ríos, Enrique Rubio, Jorge Saravia, Víctor Vaillant y Mónica Xavier.

Los primeros seis artículos fueron aprobados por unanimidad por los siguientes siete Senadores, miembros de la citada Comisión: los frenteamplistas Alberto Cid, Margarita Percovich, Víctor Vaillant y Mónica Xavier; los nacionalistas Enrique Antía y Eber Da Rosa; y el colorado Carlos Ramela, suplente de Isaac Alfie.

Un proyecto de ley similar a éste fue rechazado por el Senado uruguayo en el año 2004, durante la pasada legislatura.

Contenido de los artículos aprobados

El Artículo 1º establece que: “El Estado garantizará condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. A tal efecto, promoverá políticas nacionales de salud sexual y reproductiva, diseñará programas y organizará los servicios para desarrollarlos, de conformidad con los principios rectores y éticos que se establecen en los artículos siguientes.”

Se introduce en nuestra legislación un concepto muy ambiguo y peligroso: los “derechos sexuales y reproductivos”. Según la mayoría de sus propulsores, los “derechos sexuales” incluyen el derecho a la actividad sexual fuera del matrimonio y los “derechos reproductivos” incluyen el derecho a la anticoncepción, la esterilización y el aborto.

La ley no puede reconocer otros derechos humanos que los reconocidos explícitamente por la Constitución Nacional o los “que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno” según lo establece el artículo 72 de la Constitución. Pero estos supuestos “derechos sexuales y reproductivos” no son reconocidos por nuestra Constitución, ni por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni por la Convención Americana sobre Derechos Humanos; tampoco son inherentes a la personalidad o naturaleza humana ni se deducen de la forma republicana o democrática de gobierno. No se puede inventar nuevos derechos humanos por ley positiva. Eso sería un ejercicio de dictadura de las mayorías.

El Artículo 2º define como “principios rectores” que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales, intransferibles e inalienables. El literal (a) del mismo artículo establece que la protección de esos derechos incluye: “la promoción de la equidad en términos de género y de justicia social”. El concepto de “género” vuelve a aparecer en los Artículos 4º y 6º bajo la forma aún más peligrosa de “perspectiva de género”, asociado a una ideología feminista radical que desconoce o subestima las diferencias naturales entre los sexos, considera los géneros masculino y femenino como meras construcciones culturales–totalmente modificables- y sostiene la existencia de cinco o más géneros, todos ellos igualmente legítimos. El artículo 4º lit. (b) define como objetivo general: “[garantizar] la incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones.”)

La ambigüedad terminológica permite la manipulación por medio del lenguaje. Por eso se debería exigir una definición muy precisa de lo que se entiende aquí por “género”. Así se pondría en evidencia una cuestión fundamental: ¿Por qué un Estado laico (supuestamente neutral en el terreno filosófico) debería adherirse a la “perspectiva de género”, una ideología falsa o al menos muy cuestionable?

El Artículo 3º explicita los “principios éticos” que inspiran el proyecto de ley. Fundamentalmente dicho artículo determina que: “En materia de sexualidad humana se priorizará la comunicación interpersonal placentera por sobre su función biológica vinculada a la procreación.”

Es obvio que este principio pseudo-ético contradice la ley moral natural tal como ésta es expuesta por la Iglesia Católica, la que enseña que -desde el punto de vista ético- la relación sexual tiene dos finalidades o significados inseparables: el significado unitivo (la unión de los cónyuges) y el significado procreativo (la apertura al don de los hijos). El proyecto en cuestión no sólo disocia ambos significados, subestimando el significado procreativo, sino que tampoco respeta el significado unitivo, puesto que en ningún momento enmarca el ejercicio de la sexualidad dentro de la unión matrimonial. Se manifiesta así una fuerte tendencia a una ética individualista, subjetivista y hedonista. Más allá de sus opiniones personales, los Señores Legisladores deberían reflexionar profundamente sobre las consecuencias que tendría la adhesión formal del Estado uruguayo a una ética de esta clase, tan cuestionable y controvertida. Esta adhesión representaría un grave atentado a la laicidad rectamente entendida.

Dentro del artículo 3º, destacamos los siguientes literales:

“(b) reconocer el derecho de toda persona a procurar su satisfacción sexual durante todo su ciclo vital según sus propias necesidades y preferencias, siempre que resulten respetados los derechos de terceros involucrados.”

Este principio pseudo-ético, desarrollado con coherencia, conduciría a extremos evidentemente inhumanos, como el sado-masoquismo, la zoofilia, la necrofilia, la pedofilia y un largo etcétera.

Según este literal, los “derechos sexuales” incluyen un supuesto derecho al placer sexual, procurado sin ningún tipo de barreras éticas, salvo el caso del daño directo a otros. Nos enfrentamos pues a una antropología netamente individualista. En la exposición de motivos del proyecto se encuentra otra muestra notable de esta antropología individualista: “Por otro lado, una de cada cuatro mujeres nunca ha consultado al ginecólogo por motivos vinculados a su autocuidado, sin mediación de su rol materno. […] Las mujeres que completan 12 años de estudio, muestran un mayor nivel de autocuidado. Se manifiesta así el estereotipo de género de “ser para los demás”, “cuidar de los otros”, en detrimento de “ser para sí”, “cuidarse a sí misma”, que sólo parece debilitarse con el acceso a estudios superiores.” Por lo tanto, según la filosofía que se pretende oficializar, “ser para los demás” no es una virtud moral, sino un “estereotipo de género” que habría que erradicar, y “ser para sí” no es la inmoralidad por excelencia (el egoísmo), sino una actitud apropiada, que todo el aparato del Estado deberá promover.

“(c) combatir las discriminaciones de orden cultural que impidan la toma de decisiones autónomas y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.”

¿Qué se entiende aquí por “decisiones autónomas”? Probablemente se trate de decisiones libres de toda referencia a un orden moral objetivo, es decir de decisiones amorales.

“(d) Combatir toda forma de violencia sexual y otras presiones de carácter físico, social, económico o cultural en el ejercicio de la sexualidad.”

Sería interesante saber si –por ejemplo- la doctrina católica sobre la inmoralidad de los actos homosexuales es una de las presiones de carácter cultural sobre el ejercicio de la sexualidad que el Estado uruguayo asumiría el deber de combatir. Se insinúa aquí un grave atentado contra la libertad religiosa, de pensamiento y de expresión de los uruguayos.

“(e) Reconocer y promover el derecho y la obligación de hombres y mujeres, cualquiera sea su edad, a controlar responsablemente su sexualidad por los medios más adecuados y compatibles con sus convicciones.”

Aquí, además del subjetivismo ético, se insinúa un grave atentado contra la patria potestad.

Los Artículos 4º y 5º definen los objetivos generales y específicos de las políticas y programas de salud sexual y reproductiva.

Uno de esos objetivos generales es el siguiente: Artículo 4º lit. (d): “Capacitar a las y los docentes de los ciclos primario, secundario y terciario para la promoción del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como parte de una ciudadanía plena.”

Nótese que se pretende que los docentes no sólo instruyan a los niños y adolescentes, sino que promuevan el ejercicio de sus “derechos sexuales y reproductivos,” lo cual abre perspectivas realmente funestas.

Además, según la exposición de motivos, el Estado asumiría como deber fundamental el de “garantizar la educación sexual a todos los niveles del sistema educativo formal, informal y no formal como herramienta sustancial para la promoción de una sexualidad plena y saludable.”

No es aventurado suponer que se pretende utilizar todo el sistema educativo para difundir la ética individualista y hedonista que sustenta este proyecto de ley.

El Artículo 6º establece las funciones que deberá asumir el Ministerio de Salud Pública para el cumplimiento de los objetivos antes definidos.

¿Qué hacer ahora?

Se equivoca absolutamente quien piense que los seis artículos ya aprobados por la Comisión de Salud Pública del Senado son irrelevantes porque aún no se ha tocado directamente el tema del aborto. Como lo hemos mostrado más arriba, esos artículos constituyen el núcleo ideológico del proyecto, del cual se desprenden luego sus disposiciones concretas, como por ejemplo la legalización del aborto voluntario.

Puede parecer sorprendente que un texto legal que violenta tan profundamente la mentalidad y las costumbres de amplios sectores del pueblo uruguayo haya sido aprobado por unanimidad por siete Senadores pertenecientes a los tres mayores partidos políticos del país. Esto es un indicio más de la gran desproporción existente entre la importancia histórica y social de la religión mayoritaria del Uruguay (es decir, la católica) y la notoria debilidad política de los católicos.

Sin embargo, no es hora de quejarse ni de lamentarse. Si hemos llegado hasta esta situación es porque – muy a menudo y durante mucho tiempo – la mayoría de los católicos han dejado de lado (prácticamente) parte de sus convicciones morales más profundas cuando les ha tocado actuar en el ámbito público o político. Tanto le hemos hecho el juego al secularismo, tanto ha calado éste dentro de nosotros mismos, que a veces sentimos que estamos haciendo algo incorrecto al profesar nuestros principios cristianos en esos ámbitos, cuando en realidad sólo estamos haciendo uso de nuestros inalienables derechos.

Resulta urgente, pues, que los católicos uruguayos despertemos de nuestro actual letargo y pasividad, que rápidamente nos organicemos y movilicemos para defender, junto con las personas no católicas que reconocen la ley moral natural, el derecho humano fundamental a la vida y la recta concepción del hombre, el matrimonio, la familia y la sociedad.

Por último, hemos de tomar nota cuidadosamente de las actuaciones de cada legislador y de cada político en estos asuntos y tenerlas muy presentes en cada ocasión en que seamos convocados a las urnas.