derechos

Instituto Arquidiocesano de Bioética Juan Pablo II

De nuestra mayor consideración:

Le agradecemos la gentileza de prestar su atención a los comentarios que nos merece el Proyecto de ley de “Salud sexual y reproductiva” que será puesto a consideración del Senado el Martes 16 de Octubre del presente año.

El Instituto Arquidiocesano de Bioética Juan Pablo II viene siguiendo desde hace muchos años con atención y preocupación la temática de la legalización del aborto y otros proyectos de ley relacionados con la vida y la familia.

Nuestra conciencia nos obliga a plantearle las razones por las cuales entendemos altamente inconveniente la aprobación de este proyecto de ley que costaría la vida de niños uruguayos inocentes y dañaría el bienestar de la familia y de la sociedad uruguaya toda.

Esto último lo decimos en referencia al capítulo 1º del proyecto, en el cual se establece una serie de normas desvinculadas de la realidad natural del varón y la mujer, la sexualidad humana y la familia, que sólo pueden llevar a la destrucción de la misma familia y por tanto de la sociedad toda, así como a la tragedia individual de las personas.

Nos preocupa especialmente en este punto la posibilidad de que los derechos de la patria potestad sean en la práctica abolidos en caso de aprobarse este proyecto, quedando los menores de edad a disposición de extraños, en materia tan grave como la sexualidad, sin posibilidad de intervención de los padres.

Los motivos en que nos apoyamos son los que surgen de la razón basada en el respeto a la naturaleza y la dignidad de la persona humana y los valores que le son esenciales, y que también están recogidos en la Constitución de la República.

Nos interesa destacar que no solamente aportamos críticas al proyecto de ley, sino que también presentamos otro proyecto, que ya fue entregado al Presidente de la República y al Ministerio de Salud Pública, en el que se propone adoptar medidas serias de respaldo a la mujer embarazada en momentos de emergencia.

Entendemos que la solidaridad con la mujer no debe expresarse ante todo presionándola de diversas maneras para que aborte, sino apoyándola para que pueda dar a luz y eliminando obstáculos y dificultades que la puedan llevar a tomar decisiones que lamente durante toda su vida.

Los problemas que se enfrentan y que involucran a una madre y a un hijo no pueden resolverse propiciando la destrucción o el desinterés por uno u otro, sino apoyándolos a los dos.

Todos y cada uno de los párrafos que aparecen en este informe fueron debidamente meditados y estudiados por todos los miembros del Instituto, en donde hay médicos, abogados y psicólogos, cuyo principal fin está en hacer sugerencias que puedan iluminar en un momento de decisiones tan difíciles.

Este correo es simplemente un anticipo del documento escrito que le será entregado a Ud. personalmente en el decurso de los próximos días. En él adjuntamos el comentario al proyecto de ley precedido de un breve resumen del mismo.

Agradeciéndole la deferencia y anunciándole desde ya, en la medida de que a Ud. le sea posible, nuestra próxima visita, le saluda atentamente

Por el Instituto Arquidiocesano de Bioética Juan Pablo II

Prof. Dr. Gustavo Ordoqui Castilla.

Montevideo, 13 de octubre de 2007

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Resumen breve de las razones por las que entendemos que este proyecto debe ser votado negativamente en su totalidad

  1. Atropella la libertad de enseñanza (art. 68 de la Constitución) y el derecho-deber de los padres de educar a sus hijos “para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social” (art. 41, inc. 1º).
  2. Al proclamar: a) que la satisfacción del placer sexual predomina sobre la función biológica vinculada a la procreación, desconoce la realidad, que indica que ambos aspectos tienen por lo menos la misma importancia; y b) que cada uno tiene derecho a procurar su satisfacción sexual según sus propias necesidades y preferencias, reconoce como contenidos de la “libertad sexual” al incesto, la poligamia, la poliandria, la necrofilia, la zoofilia y una larga serie de etcéteras.
  3. Impone la educación, ya desde el ciclo primario, en el ejercicio de los “derechos sexuales y reproductivos”.
  4. Promueve unos pretendidos derechos de los niños, las niñas y los adolescentes a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva.
  5. Promueve el acceso universal a métodos contraceptivos como la ligadura de trompas y la vasectomía en un país con una población envejecida y escasa, donde los nacimientos no alcanzan a cubrir las defunciones y la emigración.
  6. Hace del aborto (llamándolo “interrupción del embarazo” para disimular la realidad del aborto) un derecho de la mujer, que puede ejercer: a) dentro de los 3 meses de embarazo por su sola voluntad, sin más requisito que invocar “las condiciones en que sobrevino la concepción” o “situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etáreas que, a su criterio [sin respaldo de prueba o investigación alguna], le impidan continuar con el embarazo”; y b) en cualquier momento, si el embarazo implica un grave riesgo para la salud de la mujer o si implica un proceso patológico que provoque malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina; hoy en día, los avances de la ciencia médica permiten afirmar que son excepcionalísimos los casos en que la vida del hijo ponga en peligro la vida de la madre sin que se pueda intentar salvar a ambos, aunque pueda darse como efecto no querido la muerte del hijo. Con el concepto amplio de “salud” que maneja el proyecto, en realidad se autoriza el aborto por cualquier motivo hasta los nueve meses. Y por lo que hace a las malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina, el aborto es innecesario.
  7. Permite el aborto por la sola voluntad del médico cuando la mujer no se halla en condiciones de manifestar la suya propia, presumiendo en ella, de manera arbitraria, la opción por el aborto.
  8. Impone al juez autorizar el aborto a pedido de una persona declarada incapaz, dejando de lado al curador, al que ni siquiera se le da noticia.
  9. Obliga a las instituciones privadas a realizar los abortos que sus beneficiarios le solicitan, inclusive en contra de los objetivos para los que la institución fue creada y que fueron aprobados por el P. Ejecutivo; esto supone una violación de la libertad de asociación (art. 39 de la Constitución).
  10. Limita arbitrariamente de diversas maneras la objeción de conciencia que el art. 72 de la Constitución ampara:
  • porque limita la objeción a los médicos y miembros del equipo quirúrgico;
  • porque limita el tiempo en que puede oponer la objeción a los 30 días después de promulgada la ley o al preciso momento de comenzar a prestar servicios, para los que ingresen posteriormente a prestar servicios en una institución obligada);
  • porque impide a quien no fue objetor en un principio cambiar de opinión posteriormente (aunque permite el cambio contrario);
  • porque el médico que se declaró objetor tiene, igualmente, la obligación de practicar el aborto en casos graves y urgentes en los cuales la intervención es indispensable, circunstancias que no se establece quién determinará.