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Carlos Álvarez Cozzi

Hace un tiempo vimos colgados en la puerta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República dos grandes carteles que decían “Yo voto la despenalización del aborto”. Al parecer, nadie advirtió que esa expresión va contra la laicidad y que no puede estar colocada en la puerta de un edificio público, porque no corresponde: en primer lugar, por razones obvias; pero además porque a esa Casa de Estudios concurren estudiantes y docentes que no están a favor de la legalización del crimen del aborto. Ni el Decano ni el Consejo de la Facultad hicieron nada por quitar esos carteles y naturalmente tampoco el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad.

En otro episodio violatorio de la laicidad, hace pocas semanas, el CDC de la Universidad, en votación dividida, y en contra de la opinión del Rector, del dictamen de la División Jurídica del Ente Autónomo de Enseñanza y -vale destacarlo, sin perjuicio de la autonomía universitaria- de la opinión de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, no hizo lugar a un pedido de estudiantes de algunas Facultades para no rendir pruebas los días sábado por razones religiosas y, por consiguiente, para poder rendirlas en otros días. En este caso se trata—en forma agregada—de una inconstitucionalidad manifiesta, ya que la Carta reconoce y garantiza la libertad de cultos en el país.

Vemos entonces cómo el Derecho exige una lucha constante para que sea respetado y cómo a veces, más o menos inadvertidamente, se violan disposiciones por parte de las mismas autoridades publicas, que deberían ser las primeras en respetarlas en una democracia republicana.