familia-06.png

Asociación Familia y Vida

El Decreto 274/2010, que aparece como reglamentario de la Ley 18.335 de los derechos y pacientes de los servicios de salud, en su artículo 11 inciso 2 establece:

“Los adolescentes a quienes, de acuerdo al principio de autonomía progresiva, los profesionales de la salud consideren suficientemente maduros para recibir atención fuera de la presencia de los padres o tutores u otros responsables tienen derecho a la intimidad y pueden solicitar servicios confidenciales o incluso tratamiento confidencial”.

Esta norma es ilegal, no sólo porque no es reglamentaria de la Ley 18.335, que nada dice sobre el particular, sino porque transgrede normas del Código Civil y del Código de la Niñez y Adolescencia.

En efecto según el Art. 258 del Código Civil “los padres dirigen la educación de los hijos y los representan en todos los actos civiles”.

La norma dice que los médicos realizarán esta función fuera de la presencia de los padres, nada menos que en lo referente a la sexualidad, con lo cual se está olvidando la norma central que es la del Código Civil e incurriendo en flagrante ilegalidad.

Además, el Art. 16 literal E del Código de la Niñez y Adolescencia, entre los deberes de los padres respecto de sus hijos, establece el de “prestar orientación y dirección para el ejercicio de sus derechos”.

La norma es clara en el sentido de que quienes deben orientar y educar a los hijos son sus padres y no los médicos. El deber de los padres de prestar orientación y dirección para el ejercicio de los derechos del menor implica, obviamente, que los padres tienen derecho a todo aquello que necesitan para poder cumplir con ese deber.

Con desinformación se ha invocado en defensa del artículo cuestionado el derecho de privacidad de los niños del Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto establece: “Todo niño o adolescente tiene derecho a que se respete la privacidad de su vida. Tiene derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva ni se publique ninguna información que lo perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona”.

Es claro que aquí se protege la intimidad del menor en el sentido de que su imagen no se use en forma lesiva, especialmente, por ejemplo, cuando ha cometido delitos o infracciones, lo cual no guarda relación con lo que se invoca en el Art. 11 inc. 2 del Decreto 274/2010 cuestionado.

Junto a estas graves irregularidades están otras no menores como la que supone el pretender “legislar por decreto”, pues lo que aparece como reglamentario no tiene ningún antecedente en la ley que se pretende reglamentar. Esto está siendo cada vez más habitual en nuestro sistema jurídico, y es particularmente grave en tanto causante de verdadera inseguridad jurídica.

Pero el interrogante a desenmascarar está en por qué ocurren estas “ilegalidades”; qué es lo que hay realmente detrás de esta ilegalidad es lo que el lector debe saber.

En estas disposiciones se detecta la tendencia a debilitar la patria potestad, legitimando una nueva modalidad de intromisión del Estado.

Hay en ello un sutil mecanismo de transferencia de responsabilidades. ¿Qué es lo que se busca transfiriendo responsabilidades propias de la familia hacia el Estado? ¿Habrá una delegación por negligencia o una tentativa de justificar la evasión de las verdaderas responsabilidades en el ejercicio de la paternidad? ¿O acaso se estará pensando que el Estado es mejor padre que los padres?

Es sobre todo en materias tan importantes y delicadas como la sexualidad humana que los padres deben poder gozar sin trabas de todos los derechos necesarios para ejercer los deberes inherentes a la patria potestad. Si es indebido poner en duda los derechos de los padres en este terreno, mucho menos puede atribuirse al Estado o al médico de turno la capacidad de decidir en estas materias. Sin embargo, “liberar” al menor de la tutela de los padres es someterlo a las decisiones de extraños que decidirán por sí y ante sí si el menor ha alcanzado el grado de “autonomía progresiva” necesario para pasar a depender de las decisiones y criterios del médico, o de otros, en lugar de las de sus padres.

Recuérdese que el término “salud sexual y reproductiva” incluye el aborto y la anticoncepción. Ahora bien, es absolutamente inadmisible que los padres queden marginados en temas de esta gravedad, y que pueden llegar a tener consecuencias irreparables para la vida del menor y también para la familia a la que el menor pertenece.

El interés de la sociedad y del bien común exige que los padres puedan desempeñar adecuadamente su labor formativa en orden a que los ciudadanos del futuro tengan una personalidad equilibrada y basada en valores sólidos y auténticamente humanizantes. Eso no lo pueden hacer si la ley, en vez de ampararlos en el ejercicio de los derechos inherentes a la patria potestad, los lesiona injustificadamente con miras a otros fines, que por cierto no consideran realmente el interés superior del niño o adolescente.

Anuncios