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Asociación Derecho y Vida

Hacia el exterior nuestra sociedad se enorgullece de ser democrática y defensora de los derechos humanos. Las autoridades de gobierno no hacen más que decir que en nuestro sistema de gobierno se admite el pluralismo y el respeto de los derechos esenciales y en particular el respeto de las ideas diferentes.

Pero, por desgracia, de los dichos a los hechos en ocasiones existe una gran distancia y es esto lo que ha ocurrido en nuestro medio en el último año con la transgresión a la libertad religiosa, que hasta ahora venía siendo un bastión respetado por todos.

En nuestro país se respetaba la libertad de cultos y podían convivir pacíficamente personas con diversidad de opiniones. Era una realidad el Artículo18 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 al ordenar: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.”; tema que se repite en el Artículo5 de nuestra Constitución de la República: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay”.

¡Cómo seríamos de respetuosos de la libertad religiosa que, cuando en la Ley 18.471 se reguló la tenencia respetuosa de los animales, en su Artículo 3º se dispuso que el sacrificio de aquellos animales no destinados a la alimentación, a actividades productivas o a ritos religiosos sólo podrá realizarse con supervisión de médico veterinario y para poner fin a sufrimientos producidos por vejez extrema, lesión grave o enfermedad incurable o cualquier otra causa física irreversible, sin perjuicio de aquellas acciones vinculadas a la defensa propia o de un tercero.

Por respeto a esta libertad esencial, en la Argentina, cuando se aprobó el denominado Programa de Salud Sexual Responsable en la Ley 25.673 Artículo 10 se previó que: “Las instituciones privadas de carácter confesional que brinden por sí o por terceros servicios de salud podrán con fundamento en sus convicciones exceptuarse del cumplimiento de esta ley.”

Pues bien, en nuestro país, por el contrario, no sólo no se previó algo similar, sino que se actuó groseramente en contra de estas libertades, al pretenderse imponer por vía de decreto a instituciones confesionales prácticas que van contra sus ideales, ejerciendo todo tipo de presión para que se dejen de lado los principios básicos que justificaron en muchos casos la razón de existir de la propia institución.

Así, por ejemplo, por los Decretos 9/011 y 293/10 el Ministerio de Salud Pública impone a las instituciones católicas vinculadas a la salud repartir preservativos y otros tipos de anticonceptivos, así como realizar prácticas tales como ligaduras de trompas, etc.

Estos atentados contra la libertad religiosa en nuestro país se apartan de las principales ideas sobre el tema, de vigencia universal, reflejadas recientemente en la Resolución 1.763 del Consejo de Europa, en la que se reconoció el derecho de las personas y en particular de los hospitales a ejercer la objeción de conciencia institucional.

Por desgracia en nuestro país la libertad religiosa comienza a ser no más que un adorno constitucional para quedar bien internacionalmente y quienes tienen el poder ignoran o parece no preocuparles estos aspectos institucionales que son esenciales en un régimen que se considera democrático.