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Néstor Martínez Valls

Nos han hecho llegar un texto llamado “Repensar el Matrimonio Civil” que se atribuye a Rafael Domingo, Director de la Cátedra Garrigues de la Universidad de Navarra.

Hasta donde lo entendemos, se propone allí distinguir entre el matrimonio y los “contratos de convivencia”. El primero estaría reservado a las parejas heterosexuales, mientras que el segundo estaría abierto a toda clase de parejas y también a grupos de más de dos personas, basados o no en el afecto sexual, como pueden ser dos amigos, dos parientes cercanos, o grupos de más personas que conviven por diversas razones. En todos estos casos se trataría de que la ley asegurase las ventajas sucesorias, fiscales y laborales a este tipo de “contratos de convivencia” de la más variada índole.

La razón de reservar el matrimonio a las parejas heterosexuales, según el autor, es la necesidad de proteger a los hijos, basada en la orientación jurídica propia de las “sociedades democráticas y avanzadas”, consistente en proteger al más débil. El más débil es aquí el hijo, y sus intereses deben ser protegidos nada menos que frente a los intereses de los padres, promoviendo la estabilidad del matrimonio. Los “contratos de convivencia”, por su parte, no estarían sujetos a ninguna exigencia legal de estabilidad.

El principio en que se basa el autor es que la orientación sexual no tiene que tener ningún efecto jurídico. Según él, la ley no puede tomarla en cuenta porque eso constituiría un acto de discriminación. Argumenta que el mismo orden jurídico (probablemente se refiere al español) permite a las personas homosexuales el matrimonio con alguien de otro sexo. En este principio basa la necesidad de admitir dentro de los “contratos de convivencia” también a las parejas homosexuales.

En el mismo principio basa también la posibilidad de adopción por parte de parejas homosexuales. Concede solamente que, como la adopción debe en lo posible imitar a la naturaleza, el matrimonio entre un varón y una mujer debe tener preferencia en la lista de candidatos a adoptar a un niño.

Obviamente, este texto nos merece varias observaciones críticas; en orden de importancia más o menos creciente:

  1. No se ve muy bien en qué está la mayor estabilidad de un matrimonio en el cual se admite la posibilidad de divorcio por voluntad de uno solo de los cónyuges, como en otra parte señala el mismo autor. Dicho a la inversa, no se ve bien en qué está la mayor “libertad” de un “contrato de convivencia”, pues se supone que la palabra “contrato” da lugar a un mínimo de obligaciones mutuas.
  2. Es curioso, por decir lo menos, que la especial protección jurídica del matrimonio, que en definitiva se reduce aquí a limitarlo a parejas de un varón y una mujer, se base en la necesidad de proteger los intereses del hijo frente a los de los padres (!!!). Da la impresión de que se admite una nueva especie de “lucha de clases” intrafamiliar, ya no –como decía Engels– entre los esposos, sino entre los padres y los hijos.
  3. La amplitud ilimitada de los propuestos “contratos de convivencia” también es problemática. Pensemos por ejemplo en grupos de seis u ocho personas que quieren vivir juntas para practicar el sexo grupal en forma regular: ¿el Estado deberá conferir protección legal a tales asociaciones, de modo tal que sean tenidos en cuenta los aspectos sucesorios, fiscales y laborales? ¿Se mide el efecto social de un semejante tratamiento jurídico dado a semejantes asociaciones?

Se puede decir que no habrá necesidad alguna de especificar el motivo de la asociación, sino simplemente la decisión de configurarla como asociación de una determinada cantidad de personas que conviven, a fin de acogerse a los beneficios mencionados. Pero eso no cambiaría el hecho notorio de que tales asociaciones estarían protegidas por ley, y además ¿es factible que la ley adscriba beneficios a las “sociedades de convivencia” sin interesarse por los motivos y el carácter de esa convivencia?

Por otra parte, ¿no hay límite para el número de posibles participantes en tales contratos? ¿Un block de viviendas económicas podría configurarse, según esto, como una sola asociación de convivencia, de modo que, por ejemplo, todos participasen en los derechos sucesorios de todos? ¿Se dirá que el límite es la cantidad de personas que cohabitan en una sola unidad domiciliaria, por ejemplo un apartamento o una casa? ¿No resulta más bien arbitrario limitar así la “libertad contractual” de estas asociaciones? Lo mismo que si se fijase un número límite de participantes, por ejemplo, 16 o 27.

  1. Respecto del principio de que la ley no debe tener en cuenta la orientación sexual de las personas, ante todo hay que decir que no vemos que sea totalmente respetado en el mismo planteo del autor. Después de todo, es la orientación sexual de las personas homosexuales la que determina que configuren una pareja homosexual que por tanto es infecunda, y por tanto, según el autor, no goza de la especial protección que la ley confiere al matrimonio (es decir, como ya vimos, la protección del hijo, “más débil”, ante los intereses de los padres…). Los partidarios del mal llamado “matrimonio gay” podrían sin duda decir que también el planteo del autor los discrimina por razón de su orientación sexual.
  2. Por otra parte, el autor reconoce la posibilidad de adopción por parte de las parejas homosexuales, a la vez que pone la necesidad de proteger especialmente al matrimonio en las obligaciones que los padres tienen “en relación al correcto desarrollo de la personalidad del nuevo ciudadano”, lo cual puede también perfectamente decirse de los padres legales de un hijo adoptivo. ¿Por qué, entonces, esos padres legales no podrían ser una pareja homosexual que por tanto tendría también derecho a que su unión fuese considerada “matrimonio” por la ley?
  3. Por lo que toca al Uruguay, en nuestro país está lamentable e injustamente reconocida la posibilidad de legalizar las uniones concubinarias, incluidas las homosexuales, con lo cual el problema de los derechos sucesorios y afines ya estaría “resuelto”. Sin embargo, el lobby homosexual sigue presionando para obtener la legalización del “matrimonio” homosexual. Lo cual prueba claramente que el verdadero móvil no es la necesidad de atender a esos derechos sucesorios, laborales y fiscales, sino lograr la completa equiparación del matrimonio con las uniones homosexuales, de modo de contribuir a la “desnaturalización”, en el ideario de la sociedad, del matrimonio, y la consiguiente “normalización” total de la homosexualidad, que es uno de los objetivos de la ideología homosexualista.
  4. La necesidad que pone el autor de dar tratamiento jurídico especial al matrimonio basado en la necesidad de protección del más débil, que en este caso es el hijo, señala el defecto principal, a nuestro modo de ver, de esta clase de planteos. El matrimonio y la familia son realidades naturales que son la base de la sociedad y por tanto tienen derecho a ser protegidos como tales por la ley. Si el hijo, el esposo, la esposa, la familia toda, reclaman la protección legal del Estado, es en su calidad de tales, y por tanto, en virtud de lo que son naturalmente. No se trata sólo ni ante todo de la condición de “más débil”, sino de la precisa condición de esposo, esposa, padre o hijo.

De hecho, en el mismo planteo del autor no se ve cuál sea la razón de fondo para reservar el matrimonio a las parejas de un varón y una mujer, sino el hecho de que naturalmente son las únicas capaces de tener hijos. Y eso quiere decir que la ley positiva está inexorablemente unida a la ley natural, de la cual depende y a la cual no puede contradecir.

Ningún Estado puede ser “laico” frente a la ley natural, porque la razón misma de ser del Estado está en la naturaleza social del ser humano, y su finalidad es la plena realización en lo temporal de las personas humanas que lo integran.

La ley natural, como su nombre lo indica, no depende esencialmente de la fe cristiana ni es válida solamente para los cristianos o para los católicos. Está arraigada en la naturaleza humana, puede ser conocida en principio por la sola razón natural, y es válida por tanto para todos los seres humanos, más allá de que la reconozcan o no, pues tampoco depende del reconocimiento de cada uno el ser persona humana o no serlo.

Nadie que reconozca que la ley natural es la base de la ley positiva, como implícitamente lo hace también nuestra Constitución al reconocer los derechos “inherentes a la personalidad humana” (pues, por tanto, no tendría sentido, obviamente, legislar contra esos derechos), puede pretender que el Estado sea completamente “neutral” también en cuestiones que afectan a la misma ley natural. Y entre esas cuestiones está sin duda lo referente a la familia, base de la sociedad, como también reconoce la Constitución de la República.

El “positivismo jurídico” consiste justamente en la negación de la ley natural y de la dependencia de la ley positiva respecto de la ley natural. El Estado es la fuente última de la validez y la obligación de las leyes positivas. Según esta filosofía, se debe cumplir la ley simplemente porque el Estado la ha promulgado como ley.

No vemos qué podría tener de “avanzada” o de “democrática” una sociedad en la que el Estado, de acuerdo con esta filosofía del “positivismo jurídico”, se considerase el referente último y sin apelación en materia de derechos y deberes. Más bien vemos en esto la realización más plena del concepto de “tiranía” que pueda pensarse.

Pensemos que el mismo concepto de “derechos humanos” subsiste solamente si se lo apoya en la ley natural, anterior al Estado y a la ley civil, y obligatoria también para el mismo Estado. De lo contrario, el Estado se considerará dueño y señor de anular o modificar los derechos del hombre, aunque lo haga bajo el pretexto de votaciones mayoritarias debidas en buena medida a la previa manipulación de la opinión pública, que ha llegado a ser una ciencia o poco menos en nuestros días. Y de todos modos, los derechos de la persona humana no pueden depender de mayorías o minorías.

En definitiva, la alternativa que plantea el futuro es entre un iusnaturalismo coherente y un positivismo jurídico igualmente coherente y, por tanto, ilimitadamente tiránico y anti-humanista, al estar cada vez más liberado de los últimos resabios de la antigua cultura cristiana. Los tiempos de alternativas coherentes son malos tiempos para todos los amigos de la conciliación a cualquier precio, pero son cada vez más los tiempos que se aproximan.