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Asociación Familia y Vida

Dejando por un momento de lado la enormidad de las irregularidades formales que se han cometido en este trámite legislativo, como ser que no se respeta el derecho a la vida consagrado en la Constitución (Art. 7) y en el Pacto de San José de Costa Rica (Art. 4 Ley 15.737), que no se escuchó a la diversidad de opiniones en la Comisión de Salud, que el texto no fue aprobado en general por esa Comisión…, nos concretamos al análisis de un solo aspecto del texto proyectado que evidencia que lo que se pretende hacer votar es mucho más grave que lo que aparenta.

Si se lee el proyectado Art. 16 que sustituye el Art. 325 y 325bis del Código Penal parecería a primera vista que, salvando ciertas excepciones, el aborto sigue siendo delito después de las 12 semanas.

En efecto, fuera de las excepciones dichas, se proponen penas para abortos realizados fuera de ese plazo.

Pero a poco que se analice el proyecto se verá que esto realmente no es así, pues en el Art. 5, como “cangrejo debajo de la piedra”, se establece textualmente:

“Art. 5 (Excepciones). Fuera del plazo establecido en el Art. 1 de la presente ley (o sea el de las 12 semanas) la mujer podrá decidir la interrupción de su embarazo en los siguientes casos: a) si estuviera en riesgo su salud…”

Pues bien, esto quiere decir que en este proyecto, invocando un simple riesgo de salud se puede abortar hasta el mes nueve, y que por tanto no se ve qué diferencia sustancial se puede poner entre esta “interrupción del embarazo” y el infanticidio.

Esto es así porque en la exposición de motivos de este mismo proyecto de ley se entiende por “salud” el “estado de bienestar bio-psico-social”.

Por tanto, el “riesgo para la salud” puede proceder de cualquier cosa que atente contra el bienestar bio-psico- social, como puede ser, por ejemplo, una afectación psicológica.

Alcanzaría entonces con invocar cualquier malestar psicológico, por ejemplo, ocasionado por el embarazo, para ampararse en la excepción prevista en la ley, y con este simple trámite sería posible abortar hasta en el mes 9 sin tipificar delito alguno.

Y no sólo quedaría la mujer eximida de delito y pena, sino que además podría exigir que se le realice un aborto en un centro de salud público o privado (Art. 10).

Lo mismo se puede decir de la pena prevista para el médico que participa en el aborto con consentimiento de la mujer, tal como figura en el proyecto de ley.

Esta forma de plantear las cosas oculta la verdadera gravedad de lo que se somete a votación de los Legisladores. Entendemos que es motivo suficiente para negar el voto a un texto que no fue procesado democráticamente con la consideración y ponderación que requiere la magnitud de lo que se pretende incorporar a nuestro orden jurídico.

Comunicado de Prensa dado en Montevideo el 28 de diciembre de 2011
Miguel A. Pastorino
Director del Departamento de Comunicación Social
Arquidiócesis de Montevideo