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Asociación Familia y Vida

Las agrupaciones y movimientos defensores del derecho a la vida en nuestro país abajo firmantes nos dirigimos a Ud. para solicitarle que haga uso de la facultad del veto respecto del texto de legalización del aborto aprobado por el Poder Legislativo.

Señor Presidente, Ud. llamó recientemente a todo el pueblo uruguayo a reflexionar sobre el valor de la vida humana, y es en el mismo espíritu que le pedimos que defienda con el veto el derecho humano fundamental, el derecho a la vida.

Nuestro despoblado y envejecido Uruguay precisa niños para amanecer.

El veto es absolutamente ineludible jurídicamente por múltiples razones:

  1. El texto en cuestión atenta contra el derecho a la vida, que es el derecho humano fundamental. Ninguna ley que viola derechos humanos puede tener valor en una sociedad democrática.
  2. Es inconstitucional, pues nuestra Constitución garantiza el derecho a la vida en su Art. 7.
  3. Viola el Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por nuestro país, que establece en su Artículo 4 el derecho a la vida de todo ser humano desde la concepción. Podrá discutirse si la expresión “en general” está pensada o no en el sentido de habilitar rarísimas excepciones, pero no puede admitirse que habilite la desprotección “en general” de ese derecho, como ocurre en toda legalización del aborto y, por tanto, también en la que se ha aprobado en el Senado.
  4. Es violatorio de la patria potestad, al impedir toda oposición de los padres en la decisión de abortar de su hija menor de edad, y permitir que ésta aborte no sólo sin el consentimiento, sino incluso sin el conocimiento de sus progenitores.
  5. Viola igualmente el derecho del padre a defender la vida de su hija o hijo al negarle toda capacidad de injerencia en el tema. Por la misma razón exime al varón de los deberes que conlleva su paternidad.
  6. Viola la libertad de ideario, Derecho Humano básico reconocido por la Constitución, al desconocer por completo el derecho de las instituciones de salud, y por ende el de sus socios, a regirse por su ideario propio en los casos en que éste, siguiendo la tradición médica que viene de Hipócrates, les impide practicar abortos o solventarlos o participar en ellos del modo que sea. A los efectos es indiferente si se obliga a estas instituciones a realizar ellas mismas abortos o si se las obliga a arreglar con otras instituciones el modo en que las usuarias de aquéllas podrán realizar abortos.
  7. Promueve el aborto legal y el clandestino. No evita este último porque impone a las mujeres la necesidad de que la historia clínica registre los abortos, cosa que seguramente no será de la voluntad de la mayoría de ellas. Propicia, a su vez, el aumento progresivo de los abortos legales a lo largo de los años, como ya ha ocurrido en EE.UU., Gran Bretaña, España, Suecia, Nueva Zelanda y otros países. Este aumento de abortos tanto clandestinos como legales, con las correspondientes consecuencias negativas para la salud de las mujeres, es el efecto exactamente contrario a lo que se puso como la principal justificación de la iniciativa.
  8. Entonces, a este pretendido proyecto de ley –que no es tal pues presenta múltiples vicios inconstitucionales y antirreglamentarios en su mismo trámite– no sólo se le podrá decir lo mismo que se le echó en cara a la ley de 1938, es decir, el no haber logrado su objetivo, sino más aún: el haber logrado exactamente lo contrario, contribuyendo a agravar y empeorar el problema que supuestamente venía a solucionar.
  9. Es inaplicable, pues pone como condición para la despenalización del aborto la participación de la mujer en un proceso que incluye la consulta con un equipo interdisciplinario que no podrá ser reunido en tantísimos rincones de la República.
  10. Lleva consigo el germen de la mayor desvalorización de la vida humana y de la mayor pérdida de respeto por la misma.
  11. Atenta contra la salud y el bienestar de las mujeres al promover y facilitar la práctica del aborto, que tiene terribles secuelas tanto físicas como psicológicas en las mujeres que se lo practican. Estas secuelas han sido comprobadas científicamente en países con aborto legal mediante estudios realizados durante períodos de hasta 20 años.
  12. Atenta contra el bien común de la sociedad uruguaya al atacar aún más la natalidad de un país despoblado y envejecido, comprometiendo así gravemente el futuro del país en general y su sistema de seguridad social en particular.
  13. Incurre en otra nota más de inconstitucionalidad al calificar al aborto como “acto médico sin valor comercial”, fijando así un precio nulo a una actividad sin haber sido propuesto por iniciativa del Poder Ejecutivo como exige el Art. 133 de la Constitución de la República.

Señor Presidente, recordamos su discurso del 19 de junio pasado y otros varios, donde hacía especial referencia a la Vida Humana, a su valor, y a la importancia de su defensa y protección. Deseamos de todo corazón que manifieste ese pensamiento en un acto sumamente relevante: vetar la ley que legaliza el aborto, por la cual bebés uruguayos quedarán por el camino en nuestros propios hospitales públicos y centros de salud privados. La cruel realidad del aborto no se soluciona con su legalización, sino que ésta agrava la situación. La solución pasa, creemos nosotros, por una serie de medidas:

  1. Atacar las causas que llevan a una mujer a recurrir al aborto. Las diversas circunstancias que empujan a las mujeres a recurrir al aborto –dificultades económicas, falta de apoyo familiar y social, situación de violencia, discriminación laboral, dificultades para continuar sus estudios, o en definitiva, el encontrarse solas y sin que se les ofrezca ninguna alternativa– siguen siendo las mismas después de ese aborto, y permanecerán incambiadas a menos que sean abordadas específicamente. El aborto, su legalización o despenalización, no solucionan ninguno de estos problemas subyacentes. Si fueran efectivamente resueltos, desaparecerían por tanto los motivos que llevan a las mujeres a abortar.
  2. Un plan integral de contención económica y sobre todo emocional a las madres en situación de riesgo de aborto que beneficie su derecho a ejercer una maternidad digna.
  3. La educación como eje fundamental para el cambio social.
  4. El impulso de la adopción como alternativa legítima al aborto. Beneficiar su trámite (sin dejar de hacer prevalecer el interés superior del niño o niña) y desestigmatizar a las mujeres y parejas que vayan por este camino.

Estas medidas son las únicas que en forma real y duradera podrán detener y evitar los abortos, y que podrán jactarse de salvar a todos los involucrados. La premisa fundamental por la cual debemos guiarnos es la protección de la Vida Humana y a partir de allí, plantear medidas que no atenten contra ella y que acaben con el aborto, simultáneamente. La presente ley no logra ninguno de los objetivos propuestos. Confiamos en su sensibilidad.

Lo saludamos atentamente.

A.F.A.V.I.; Asociación Esperanza Uruguay; Asociación Familia y Vida; Centro de Bioética Rioplatense; Comisión Pastoral de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal del Uruguay; Enlace; ESALCU; Espacio Joven Vida; Familias Autoconvocadas’ Madrinas por la Vida; Mesa Coordinadora Nacional por la Vida; Misión Vida; Movidos por la Vida.