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Equipo de Dirección

Ante la próxima instancia electoral, mediante este artículo editorial pretendemos realizar un aporte al discernimiento de los católicos y los demás ciudadanos uruguayos que quieren ejercer su voto de un modo acorde con criterios objetivos de la moralidad, basados en la naturaleza y la dignidad de la persona y la sociedad humanas.

El bien proviene de una causa íntegra

Uno de los principios básicos de la doctrina moral católica, citado reiteradamente por Santo Tomás de Aquino, dice lo siguiente: Bonum ex integra causa; malum ex quocumque defectu (“el bien proviene de una causa íntegra; el mal de cualquier defecto”). Este principio tiene múltiples aplicaciones. Veamos dos ejemplos:

  • Para que un acto sea moralmente bueno, es necesario que sea bueno tanto en su dimensión objetiva (el objeto del acto y sus circunstancias) como en su dimensión subjetiva (la intención del acto). En cambio, para que un acto sea moralmente malo basta que una de esas dos dimensiones sea defectuosa: por ejemplo, un objeto malo o una intención mala.
  • Para que un consentimiento matrimonial sea válido debe cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: ser un acto consciente y libre, tener por objeto el verdadero matrimonio y proceder de dos sujetos capacitados para dar ese consentimiento. En cambio, para que un consentimiento matrimonial sea inválido, es suficiente que falte uno cualquiera de esos elementos: por ejemplo, si el sujeto es menor de edad o ya está casado, o si carece de uso de razón, o si obra coaccionado por una amenaza de muerte, o si no pretende contraer un matrimonio indisoluble y abierto a la transmisión de la vida, etc.

De la aplicación del principio citado a la vida política, surge que un programa político, para ser moralmente bueno, debe serlo en todos sus aspectos esenciales; mientras que, para ser moralmente malo, basta que lo sea en uno cualquiera de sus aspectos esenciales. Por lo tanto, hay errores éticos fundamentales que descalifican absolutamente a algunos programas políticos, porque tienden a construir una sociedad inhumana.

Los principios “no negociables” de la vida política

El Magisterio de la Iglesia Católica ha enseñado constantemente esta doctrina. Consideremos por ejemplo esta enseñanza: “Cuando en ámbitos y realidades que remiten a exigencias éticas fundamentales se proponen o se toman decisiones legislativas y políticas contrarias a los principios y valores cristianos, el Magisterio enseña que “la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral.” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 570).

¿Cuáles son las “exigencias éticas fundamentales” y los “contenidos fundamentales de la moral” que deben ser respetados por todo programa político? La doctrina católica responde claramente también a esta cuestión.

Por una parte, hay muchísimos temas sobre los cuales existe un pluralismo político legítimo entre los católicos, porque en ellos no están en juego directamente las exigencias fundamentales de la moral católica. Por ejemplo: ¿El monopolio estatal de la importación y refinación de combustibles debe ser mantenido o eliminado? ¿Se debe aumentar, mantener o disminuir el gasto público? ¿Se debe aumentar, mantener o disminuir los impuestos? ¿Se debe conservar o derogar el impuesto a la renta de las personas físicas? En estos casos, y en muchos otros casos semejantes, los católicos pueden legítimamente disentir entre sí. No obstante, aun dentro de dicho rango de pluralismo legítimo, se debe evitar el error de presentar la postura propia como la única válida desde el punto de vista de la fe cristiana.

Por otra parte, hay algunos temas (relativamente pocos) acerca de los cuales la doctrina católica exige a todos los católicos tener una postura política unánime: por ejemplo, el rechazo a la legalización del aborto, de las uniones concubinarias y de las uniones homosexuales.

“[…] Ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad. Ni tampoco el católico puede delegar en otros el compromiso cristiano que proviene del evangelio de Jesucristo, para que la verdad sobre el hombre y el mundo pueda ser anunciada y realizada.

Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Éste es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia (que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima), que deben tutelar el derecho primario a la vida desde de su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuanto tales, reconocimiento legal. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las Declaraciones internacionales de los derechos humanos. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (piénsese, por ejemplo, en la droga y la explotación de la prostitución). No puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos “los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio”. Finalmente, cómo no contemplar entre los citados ejemplos el gran tema de la paz. […]”[1]

Por lo tanto, existen algunos principios o valores “no negociables” de la vida política, entre los cuales figuran el derecho humano a la vida, los derechos del matrimonio y de la familia, y la libertad de educación. La expresión “no negociables” significa que esos principios son condiciones necesarias de moralidad, que no pueden ser “negociadas” para intercambiarlas por otros valores, por positivos que éstos sean. No es lícito hacer el mal para obtener un bien; el fin no justifica los medios. Por ejemplo:

  • No es moralmente lícito votar por un partido político racista aduciendo que el mal de la postura racista de ese partido es compensado por sus aciertos en otras materias (por ejemplo, seguridad ciudadana u obras públicas).
  • Tampoco es moralmente lícito votar por un partido político pro-abortista aduciendo que el mal de la postura pro-abortista de ese partido es compensado por sus aciertos en otras materias (por ejemplo, justicia social).

Por su parte, la Conferencia Episcopal del Uruguay, en sus Pautas para el discernimiento político en año electoral de fecha 28 de abril de 2009, propuso a los fieles seis criterios de discernimiento, de los cuales recordaremos aquí dos, referidos a la vida, la familia y la educación:

“2. Juzgar con sentido crítico las políticas concretas por su manera de encarar el problema global de la vida humana en el Uruguay de hoy, atendiendo especialmente a la defensa del derecho de todo ser humano a la vida, desde la concepción, pasando por todas las etapas de su desarrollo, hasta la muerte natural. […]

“3. Poner como condición necesaria de nuestro apoyo a las distintas propuestas la defensa de la familia basada en el matrimonio estable de un varón y una mujer y la coherencia de esas propuestas con la consecuente visión de la sexualidad humana y su significado. Reclamar la plena y real libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos.”

También citaremos parte de un documento más reciente de los Obispos del Uruguay, que ya publicamos íntegramente el 28 de marzo de 2014: “Un aporte a la reflexión en este tiempo electoral.”

“4. La familia se ve afectada por esta filosofía individualista y hedonista, con graves consecuencias para la sociedad. El alto número de divorcios, la frecuencia creciente de la formación de “parejas de hecho” son síntomas de desvalorización de la familia y del compromiso matrimonial, signos de la dificultad que vivimos para asumir compromisos públicos, permanentes y para toda la vida. La definición de la familia como “base de la sociedad” en el artículo 40 de nuestra Constitución no es acompañada por políticas que la promuevan adecuadamente, sino más bien lo contrario. Se ha debilitado el valor del contrato matrimonial y sus responsabilidades como fundamento de la familia y la educación de los hijos. Se niega la existencia específica del matrimonio como unión de varón y de mujer, diluyéndose en un simple acuerdo entre privados. Se ha pretendido hacer equivalentes la unión homosexual y el matrimonio natural.”

“5. Una sociedad sin niños, una sociedad que no protege la vida de los más indefensos, es una sociedad que pierde el sentido de la vida, se envejece, se entristece, se suicida. Tenemos una muy baja natalidad. Creemos que la aprobación de la ley del aborto ha sido un paso en falso de nuestra sociedad. Seguimos entendiendo que es necesario tomar medidas que protejan la vida humana desde el momento de su concepción y busquen asegurar la posibilidad de un digno desarrollo en la niñez.”

La aplicación práctica de los principios no negociables

Es fácil ver que los principios morales fundamentales expuestos en los documentos de la Iglesia son de dos clases diferentes: algunos criterios son muy genéricos, por lo cual su aplicación práctica no es inmediata, sino que requiere la mediación de otras normas más específicas; otros criterios, en cambio, tienen una aplicación práctica inmediata, ya que responden de un modo directo e inequívoco a algunas de las cuestiones ético-políticas más candentes y debatidas de nuestra época.

Por ejemplo, consideremos el principio de la justicia social. Difícilmente se encontrará en todo el mundo un partido político que alegue estar en contra de la justicia social o que no se muestre interesado en combatir la pobreza. ¿Cómo combatir la pobreza y promover la justicia social? La doctrina católica da un margen de libertad muy amplio (aunque no absoluto) para responder a esta pregunta. Dentro del pluralismo legítimo intracatólico encuentran cabida políticas bastante diferentes entre sí, con el objetivo común de promover la justicia social.

En cambio, es evidente que existen partidos políticos que, por ejemplo, se oponen a que el Estado garantice el derecho humano a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, o promueven la equiparación de las uniones concubinarias y las uniones homosexuales con el matrimonio. En estos casos la doctrina católica permite un fácil discernimiento de la inmoralidad de los respectivos programas políticos.

El aborto voluntario es el mayor drama moral de nuestro tiempo. A lo largo del siglo XX  y de lo que va del siglo XXI, el aborto voluntario mató a más seres humanos inocentes que todas las guerras de la historia universal juntas. Se trata de un enorme genocidio en curso. Es evidente que la posición que un partido político asuma ante el problema del aborto es un aspecto esencial de su programa político. Por eso, a partir de las enseñanzas citadas del Magisterio de la Iglesia, se deduce que no es moralmente lícito votar a favor de candidatos, sectores o partidos que consideren el aborto como un derecho humano (un “derecho reproductivo”).

¿Es moralmente lícito votar por un partido que, programática y orgánicamente, considera las relaciones homosexuales como derechos humanos (“derechos sexuales”) y promueve una educación sexual que iguala, en el plano moral, muy diversos tipos de conducta sexual, sin prestar atención a los fines esenciales (procreativo y unitivo) de la relación sexual? Los criterios arriba expuestos nos permiten inferir que la respuesta a esta pregunta es negativa.

La Iglesia Católica tiene derecho a decir a sus fieles muy concretamente a quiénes no pueden votar, y lo ha hecho más de una vez, aunque no en el Uruguay de las últimas décadas. Si la Iglesia puede decirme con cuáles personas no me puedo casar (considérese, por ejemplo, la prohibición canónica de los matrimonios con disparidad de culto), cuestión intimísima, también puede decirme a cuáles partidos políticos no puedo votar, por ser sus programas de gobierno sustancialmente incompatibles con la moral católica.

Por lo común, en esta materia, la Iglesia Católica enseña principios generales y deja a sus fieles la tarea de extraer conclusiones prácticas, confrontando esos principios con los hechos. Pero aunque el Magisterio de la Iglesia en cuanto tal no explicite una conclusión implícita, eso no impide que un fiel cualquiera (clérigo o laico) complete el razonamiento y proclame públicamente lo que se deduce directa e inexorablemente de la doctrina católica y de hechos innegables.

Además, la doctrina católica rechaza el intento de relativizar las normas morales universales apelando a difusas “mediaciones” orientadas a impedir la aplicación exacta de las normas generales a las circunstancias vigentes aquí y ahora (cf. San Juan Pablo II, encíclica Veritatis Splendor, Capítulo II –”No os conforméis a la mentalidad de este mundo” — Romanos 12,2).

En el Uruguay de hoy

Para poder aplicar aquí y ahora los criterios de discernimiento electoral propios de la moral católica, es necesario ante todo que nos informemos correctamente acerca de las posiciones de los distintos candidatos, sectores y partidos con respecto a las exigencias éticas fundamentales antes referidas.

Un programa de gobierno para el período 2015-2020 que incluya explícitamente metas contrarias al necesario respeto del derecho humano a la vida y de los derechos naturales del matrimonio y de la familia debe ser considerado como una opción moralmente ilícita.

Es ineludible señalar aquí que durante los dos últimos períodos de gobierno dichos derechos han sido atacados muy gravemente, en una embestida sin precedentes y de intensidad creciente contra la vida humana, el matrimonio y la familia. A continuación recordaremos las principales leyes aprobadas desde 2005 que contrarían los principios no negociables de la vida política. Estas leyes contaron siempre con los votos de todos o casi todos los legisladores del partido de gobierno, y a veces también con votos (pocos o muchos, según el caso) de legisladores de la oposición.

Ley 18.246 –Unión Concubinaria: reconocimiento legal de las uniones concubinarias heterosexuales u homosexuales;

Ley 18.426 –Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva: reconocimiento legal de los “derechos sexuales”, los “derechos reproductivos” y la “perspectiva de género”;

Ley 18.473 –Voluntad Anticipada: legalización de algunas formas de eutanasia pasiva;

Ley 18.620 –Derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo en documentos identificatorios: cambio de la “identidad de género” en el Registro Civil en función de sentimientos subjetivos;

Ley 18.987 –Interrupción Voluntaria del Embarazo: legalización del aborto voluntario, considerado, no como un mal a tolerar, sino como un “derecho reproductivo” a promover. El Estado no sólo permite abortos, sino que en muchos casos los ordena, ejecuta o financia. Limitación del derecho a la objeción de conciencia de los médicos. Violación del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario no médico y de las instituciones privadas de salud.

Ley 19.075 –Matrimonio Igualitario: legalización del “matrimonio homosexual”, con derecho a adoptar niños;

Ley 19.167 –Técnicas de Reproducción Humana Asistida: legalización de técnicas de reproducción humana artificial asociadas a prácticas abortivas y eugenésicas;

Ley de Regulación y Control de Cannabis: legalización de la producción, distribución y comercialización de marihuana.

Además de estas ocho leyes, durante el mismo período el Gobierno ha impulsado innumerables medidas políticas que van en la misma dirección. Baste citar aquí la puesta en marcha de un programa de educación sexual de sesgo marcadamente relativista en la Administración Nacional de Educación Pública.

Es muy claro que el voto católico no debe favorecer a partidos, sectores o candidatos que tengan entre sus objetivos la continuación y profundización de este tipo de políticas deshumanizantes. Es por ello que, en sintonía con nuestros Obispos, exhortamos a todos los católicos uruguayos a tomar conciencia de los valores morales fundamentales que estarán en juego en las próximas elecciones nacionales y a no apoyar con sus votos programas políticos radicalmente incompatibles con su fe católica. Así se procederá en coherencia con la conciencia cristiana y se evitará seguir recorriendo una senda que está trayendo graves daños a la sociedad uruguaya.

De todo lo expuesto surge una conclusión inexorable. En el Uruguay de 2014 no es moralmente lícito votar por el Frente Amplio. Resulta urgente que los católicos uruguayos “progresistas” tomen conciencia de la incompatibilidad radical entre el programa de gobierno del Frente Amplio y su propia fe católica y del gran daño que han hecho a la sociedad uruguaya apoyando propuestas políticas contrarias al orden moral natural acerca del hombre, el matrimonio y la familia.

En cuanto a los restantes partidos políticos que se presentarán a la elección nacional de octubre de 2014, aunque existan legítimos motivos de preocupación en torno a algunos aspectos, de momento no advertimos razones claras para un juicio moral absolutamente negativo, salvo el caso de Unidad Popular, un pequeño partido de extrema izquierda marxista. La profunda incompatibilidad entre marxismo y cristianismo puede darse aquí por suficientemente conocida.

Descartar el voto a uno o más partidos políticos en 2014 no implica declarar libre de toda dificultad ética al voto por los demás partidos. Pero si (en hipótesis) se llegara a establecer que también el voto por todos los demás partidos es inmoral, la ley moral (que no es ilógica) mandaría votar en blanco. Sería absurdo pretender que en ese caso se vuelva a fojas cero, como diciendo: “si todas las propuestas políticas existentes son inmorales, entonces puedo elegir cualquiera”.

Para concluir, recordaremos otra enseñanza de la doctrina católica, muy importante para el Uruguay de hoy. Cuando una ley gravemente inmoral (como, por ejemplo, nuestra ley de aborto) ya está vigente, la obligación moral del ciudadano católico es procurar que la situación mejore, o al menos no empeore. En determinadas circunstancias, él puede votar a favor de la derogación parcial de una ley injusta, si es prácticamente inviable su derogación total. Esta doctrina, con referencia al aborto, fue expuesta claramente por San Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, n. 73. Aplicándola por analogía a otras cuestiones éticas fundamentales (divorcio, anticoncepción, reproducción artificial, etc.), la misma permite comprender y justificar muchos comportamientos de buenos católicos en contextos culturales y políticos muy adversos.


[1] Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, n. 4.