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Centro Cultural Católico Fe y Razón, Provida Esperanza Uruguay, et al.

Según informes de prensa, mediante la elección del Dr. Luis Almagro como nuevo Secretario General de la OEA se procura proponer el modelo uruguayo” (o sea, la legalización del aborto, el matrimonio homosexual, la reproducción artificial y la marihuana) como una guía ejemplar para el camino que deberían seguir los países de América en el futuro próximo. Dado que, como uruguayos, tenemos una experiencia directa de ese “modelo” y de sus efectos nocivos, queremos alertar a nuestros hermanos de América sobre las oscuridades y los peligros del camino que hoy se nos propone.

Ciertamente, mucho se ha hecho en Uruguay, pero con resultados desastrosos. Las nuevas leyes, lejos de significar un “progreso civilizador”, han significado el retroceso de la sociedad a la ley del más fuerte, y la pretensión de “más derechos para más gente”, se ha traducido en la práctica en el atropello de los derechos legítimos de los uruguayos. Y la pretensión de alcanzar la igualdad mediante estas leyes no ha hecho más que generar nuevas desigualdades injustas. Consideremos una a una las cuatro leyes recientes que son como otros tantos pilares del mentado “modelo uruguayo” y sus resultados:
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo legalizó el aborto por la sola voluntad de la mujer hasta las doce semanas de embarazo.

Debido a esta ley, en nuestro país hubo unos 6.700 abortos legales en 2013 y unos 8.500 en 2014. Como era lógico y previsible, la cantidad de abortos está creciendo a raíz de la legalización. En promedio, cada hora un ser humano inocente es eliminado legalmente en el Uruguay. Dentro de pocos años, el aborto legal en el Uruguay habrá matado a más seres humanos que todas las guerras y dictaduras que hemos padecido a lo largo de nuestra historia nacional, sumadas. En un país despoblado y una sociedad envejecida como la nuestra, que apenas sostiene su índice de reemplazo (índice de fecundidad en 2013: 2, 05, por debajo del 2, 1 de reemplazo), se procura sistemáticamente acabar con los uruguayos que llegan, la maternidad no es apoyada y la familia numerosa es duramente castigada, mientras que el sistema jubilatorio se ha tornado insostenible. Uruguay es el país con mayor porcentaje de población de más de 65 años de edad sobre la población en edad laboral: 25% contra el 12, 3% en la región, y el que más destina al gasto público jubilatorio: 8, 2% de su PIB contra el promedio de 3, 1% de América Latina y el Caribe. ¿Qué seguirá? ¿La eutanasia para eliminar a los jubilados?

Esta ley y (sobre todo) el decreto que la reglamenta limitan el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario (médicos y no médicos); y arrasan la libertad de asociación, obligando a las instituciones privadas de salud a proveer directa o indirectamente el aborto, como si fuera una prestación de salud.

Para imponer esta ley, sus promotores mintieron descaradamente, repitiendo hasta la saciedad que había 150.000 a 33.000 abortos clandestinos por año, cifras absurdas. Y ahora, al quedar en evidencia frente a los números reales, intentan maquillar su engaño sosteniendo que la cantidad de abortos bajó instantáneamente de 33.000 a 6.700 por año gracias a la legalización.

La ley dispuso la creación de equipos interdisciplinarios que deben dar apoyo psicológico y social a la mujer, para “contribuir a superar las causas que puedan inducirla al aborto”. Sin embargo, en la práctica, casi siempre las consultas con esos equipos parecen ser una mera formalidad para poder realizar un aborto legal. Las directivas del MSP prohíben revisar dichas causas y hasta dejar que la madre vea la ecografía de su hijo, con lo que se hace imposible que esta tome una decisión informada. Estas consejerías han resultado un fracaso en su objetivo declarado: en 2014, el 91% de las mujeres que consultaron a esos equipos decidieron abortar. Esto contrasta netamente con los magníficos resultados de pequeñas organizaciones como Madrinas por la Vida y CEPRODIH, que sin apoyo estatal y con muy escasos recursos salvan muchas vidas, apoyando a madres en situaciones de riesgo. Las mujeres que cursan un embarazo son discriminadas y sufren una presión insostenible para abortar (tanto por parte de los médicos partidarios del aborto como de los patrones), sobre todo si son de bajos recursos o viven en barrios carenciados. La angustia que esto genera no se puede contabilizar, pero lo vemos a diario quienes estamos en contacto con las víctimas. Y quien decide no abortar, no cuenta ni con un solo proyecto estatal de ayuda real para mejorar su situación y poder llevar adelante su embarazo, mientras hipócritamente se esgrime la bandera de la “solidaridad”. Los proyectos de ley de ayuda a la mujer embarazada presentados por organizaciones de la sociedad civil duermen desde hace años en los cajones del Parlamento. Quien está embarazada y quiere seguir con su embarazo puede tener que esperar hasta dos meses para poder hacerse una ecografía, pero si quiere abortar, se la hacen en 48 horas.

Las consecuencias sociales son, si puede ser, aún más terribles: crece la indiferencia ante el valor de la vida humana en cualquier etapa; ante un embarazo riesgoso, muchos médicos ya no luchan por salvar al niño; esto genera una gran desconfianza hacia los profesionales de la salud, especialmente los del área ginecológica; y los problemas sociales se “resuelven” con el aborto y la mujer vuelve a su casa a enfrentar más sola que nunca los mismos problemas que tenía antes de abortar, pero con la carga de haber abortado a su hijo a cuestas. Las secuelas del aborto, tanto en mujeres como en varones, se ocultan o se niegan, mientras que encontramos más violencia en la calle (8 homicidios cada 100.000 habitantes), en las casas (26.086 delitos consumados de violencia doméstica en 2013), un número altísimo de depresión y suicidios (la tasa más alta en Sudamérica, y la 2ª más alta en Latinoamérica: 16 personas cada 100.000 habitantes, es decir, una o dos personas muertas por día y por cada suicidio consumado, 15 a 20 intentos), todos hechos probados que se intensifican como consecuencia de la práctica del aborto.

Por otro lado, la promoción desenfrenada de la “salud sexual y reproductiva” entre los jóvenes no ha bajado el embarazo adolescente ni las ETS; solo ha traído jóvenes acostumbrados a satisfacer todos sus impulsos, sin ideales por los que luchar.
La Ley de Matrimonio Igualitario estableció el llamado “matrimonio homosexual”, dando a las uniones homosexuales derechos equivalentes a los de los matrimonios, incluso el derecho a adoptar niños. Existe un amplio consenso de los expertos e innumerables estudios sobre las ventajas para los niños de ser educados en el ámbito de una familia basada en la unión matrimonial estable de sus padres biológicos. Hoy, sin embargo, algunos afirman con ligereza y sin ningún sustento científico, que no hay diferencias significativas entre los niños criados por un matrimonio con padre y madre y los niños criados por una pareja homosexual. Objetivamente, los legisladores uruguayos sacrificaron el bien superior de los niños a un proyecto ideológico de reingeniería social, contradiciendo la voluntad de la mayoría de los uruguayos.

Al equiparar el matrimonio desde un punto de vista jurídico con formas radicalmente distintas de unión, se daña a la familia y se contribuye a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular y su papel insustituible en la sociedad. El número de matrimonios desciende, mientras en la práctica, se da una discriminación contra la familia trabajadora, que no recibe ninguna protección.

Bajo el amparo de esta ley es que se impone en la enseñanza desde los tres años la educación en ideología de género, presentándoles a los niños la homosexualidad como alternativa, fomentando las prácticas homosexuales en la misma aula, etc., contra el buen sentido de los maestros, y atropellando el derecho de los padres a la educación de sus hijos. Se altera de esta manera el sano desarrollo de la identidad y personalidad de los niños, en una edad crucial, no generando más que confusión.

Asimismo, bajo la excusa de la no-discriminación (siempre legítima) se promueve y privilegia la transexualidad mediante medidas tales como el aumento de cupos laborales en los organismos públicos y el subsidio a empresas privadas que contraten personas transexuales, en desmedro de la igualdad de oportunidades para todos.
La Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida legalizó la producción artificial de seres humanos y la posterior eliminación de muchos de ellos mediante varias prácticas abortivas (selección embrionaria, reducción embrionaria, etc.). Es una ley que cosifica a los embriones humanos y condena a muerte a miles por año (solo el 3, 7 % alcanza a nacer). Además, esta ley viola el derecho de todo niño a ser engendrado en un hogar estable, con un padre y una madre, porque permite recurrir a las técnicas de “reproducción asistida” a parejas heterosexuales u homosexuales, ya sean matrimonios, uniones concubinarias, parejas de novios o parejas más o menos ocasionales; y también a mujeres solas, casadas o no. En lugar de invertir en estudio y curación de las causas de la infertilidad, se privilegian y pasan a ser financiados por el Estado procedimientos que permiten la fabricación de un bebé por un medio alternativo, con la muerte de otros tantos, pero que no curan la esterilidad. Resulta un sinsentido que en un país donde hay carencia de profesionales de la salud, de ambulancias, de medios para hacer estudios de rutina en ciudades el interior, hasta de gasas en los hospitales, y en el que no existen fondos ni para lentillas, ni para financiar medicamentos que salvan vidas, se busque poner centros de alta tecnología, de altísimos costos, para tratamientos de baja efectividad que ni siquiera son terapéuticos, a la par que se matan niños que nacerían naturalmente.

La Ley de Regulación y Control de Cannabis legalizó la importación, producción, adquisición, almacenamiento, distribución y comercialización de la marihuana y sus derivados. La reglamentación de la ley fija un precio máximo de un dólar por gramo, un valor tan bajo que impulsa a sospechar que los contribuyentes podríamos terminar subsidiando el negocio de la marihuana.

La ley fue aprobada pese a la opinión contraria de dos tercios de los ciudadanos uruguayos, especialmente de los padres de adictos, que han vivido en carne propia cómo la marihuana ha sido la puerta de entrada a la droga para sus hijos, de los grupos de apoyo y centros privados de recuperación de adictos, que ven cómo la ley facilitará el consumo, y de muchos médicos, incluyendo la Sociedad de Psiquiatría, que explicaron que la marihuana daña la salud, altera el funcionamiento cerebral y lleva al deseo de consumir drogas más fuertes. Los previsibles fallos en las tareas de fiscalización del Estado hacen pensar que se darán muchas situaciones de descontrol y corrupción. En definitiva, esta ley crea las condiciones para llevar a cabo en nuestro país un muy riesgoso “experimento”. Esta palabra fue empleada por el Sr. José Mujica, entonces Presidente de la República, y por Mr. George Soros, magnate que apoyó financieramente la campaña publicitaria a favor de la nueva norma legal. ¿Se puede “experimentar” con una sociedad humana, como si estuviera formada por ratas de laboratorio? No queremos que los uruguayos, especialmente los jóvenes, arriesguen su salud y su felicidad en este “experimento”, a través del cual algunos buscan enriquecerse. Y mientras tanto, la adicción destruye familias y cobra vidas, mientras aumenta la cantidad de jóvenes “ni-ni” (que no trabajan ni estudian, 20-25%), los homicidios y rapiñas de jóvenes bajo el influjo de la droga, y los suicidios entre adolescentes y jóvenes (10 a 24 años) (11 de cada 100.000 en 2013).

El hilo conductor de estas cuatro leyes y del elogiado “modelo uruguayo” es el individualismo: si uno espera un hijo y no desea tenerlo, lo aborta; si uno es estéril y desea tener un hijo, lo manda fabricar en una clínica de reproducción artificial; si uno desea sentir placer a través de un estado alterado de la mente, se droga; si uno es parte del lobby gay y desea que la sociedad organizada no sólo tolere, sino también apruebe y promueva su estilo de vida homosexual, impone la ideología de género a toda la sociedad. Asistimos a la eclosión de una mentalidad individualista que concibe al hombre como un ser que se realiza satisfaciendo todos sus deseos y viviendo libre de todo compromiso permanente con los demás; libre de toda vinculación que implique sacrificios o renuncias. Esa mentalidad está representada en este slogan del “mayo francés” de 1968: “Vivir sin obligaciones y gozar sin trabas”. Los valores profundamente encarnados en tantas razas, lenguas, pueblos y naciones de América, indica que ése es un camino de autodestrucción, porque la felicidad no está en el egoísmo, sino en el don de uno mismo a los demás.

Comprobamos además que tanto la ley de aborto como la ley del mal llamado “matrimonio igualitario” fueron promovidas por los mismos grupos y organizaciones que intentan reducir la población mundial y que con ese fin proponen leyes idénticas en toda América Latina. En particular, Uruguay ciertamente no necesita reducir su escasa y envejecida población, sino todo lo contrario. Nos duele ver que somos utilizados como plataforma para implantar estos mecanismos inhumanos de control demográfico en el resto de nuestro continente, que hace tiempo es blanco de estos grupos de poder. Ellos quieren que seamos pocos para facilitar la apropiación de nuestros recursos y para que no estorbemos la progresiva concentración de la riqueza planetaria en sus manos.
45ª Asamblea General de la OEA. Washington DC, 13 de junio de 2015.