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Varias Organizaciones de la Sociedad Civil de Uruguay

1. Ante el rotundo rechazo del gobierno de Paraguay a la campaña orquestada por distintas organizaciones internacionales (Amnesty International, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de las Mujeres –CLADEM– y Equality Now, entre otras) y las presiones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que buscan que se ejecute un aborto a una niña de 11 años, embarazada tras ser violada por su padrastro, diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil de Uruguay expresan su solidaridad y hacen llegar sus congratulaciones al gobierno, instituciones y pueblo de la República del Paraguay por mantenerse firmes en la defensa del derecho a la vida e integridad de la niña embarazada y del niño por nacer, consagrados tanto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como por el artículo 4° Constitución Nacional del Paraguay y el artículo 9° de su Código de la Niñez y de la Adolescencia (ley 1680/01).

2. Por otra parte, se reprueba la actitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, sin legítima potestad de disponer medidas cautelares (la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su propio Estatuto sólo la autorizan a formular “recomendaciones”, que pueden ser seguidas o no), en su requerimiento al Paraguay ignoró y omitió toda consideración para la salvaguarda del innegable e intangible derecho a la vida del niño por nacer, proponiendo de manera subrepticia –haciendo referencias a un documento de varios expertos de la ONU– su eliminación mediante el aborto.

3. Asimismo, expresamos nuestra preocupación porque uno de los órganos de vigilancia del cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ignore que al niño por nacer, por su indiscutible condición de ser humano y de acuerdo con ese instrumento internacional, le corresponde el reconocimiento de su carácter de persona con derecho a la vida desde la concepción, que debe ser protegido en plenas condiciones de igualdad (cfr. CADH arts. 1.2, 4.1 y 24).

4. En este sentido, señalamos, dado que tanto las citadas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el artículo 4 de la Constitución del Paraguay, y el artículo 9° del Código de la Niñez y de la Adolescencia (ley 1680/01), consagran la protección del derecho a la vida desde la concepción, el requerimiento de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos ha venido a constituir una clara violación del artículo 29 de la Convención Americana, conforme al cual ninguna disposición del Pacto puede invocarse para la restricción de un derecho o libertad (en el caso, el derecho a la vida del nasciturus, en condiciones de plena igualdad) que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de los Estados parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados, ni para excluir el goce y ejercicio de derechos y garantías que son inherentes al ser humano, en el caso el niño por nacer, que indiscutiblemente lo es.

5. Se afirma, en consecuencia, que con su proceder la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los expertos de la ONU han actuado en forma contradictoria con los instrumentos internacionales que les dieron origen y por cuya plena observancia deberían velar.

6. El gobierno del Paraguay y distintas asociaciones de la sociedad civil han adoptado, de común acuerdo y con serena eficacia, sin dejar de tener en cuenta la delicada situación de la menor madre, todas las medidas necesarias para salvaguardar la salud y los derechos tanto de ella como del niño por nacer.

7. Por último, exhortamos a las naciones del Continente a mantenerse firmes en la defensa de la vida y la familia, siguiendo el ejemplo de la nación paraguaya que, afirmando su soberanía e independencia política, notificó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos su rechazo a las Medidas Cautelares dictadas al país ante el caso de la niña embarazada, en abierta violación a las normas de su derecho interno, a la vez que informó que habían sido adoptadas todas las medidas para evitar la impunidad de este hecho ilícito y garantizar la vida e integridad de la niña embarazada y el prenatal, tal como surge del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

La actitud del pueblo y el gobierno paraguayo se constituyen en un vivo ejemplo de defensa de la Cultura de la Vida.

Como Entidad, como País y como Continente, no podemos permitir que intenten atropellar nuestra soberanía para imponernos ideologías contrarias a nuestra identidad nacional o nuestra Constitución.

Montevideo, 20 de junio de 2015.

Nota: Este texto es en su origen una Declaración de la Red Federal de Familias de Argentina. Las diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil de Uruguay firmantes se unieron a dicha Declaración.