Daniel Iglesias
I · Un derecho humano fundamental
La libertad de enseñanza es uno de los derechos humanos básicos[1] y uno de los aspectos más trascendentes de la libertad. Es un derecho complejo, que abarca al menos los siguientes tres aspectos:
El derecho a enseñar
Consiste en que toda persona (en principio) está autorizada a transmitir a otros su ciencia o creencia.
El derecho a aprender
Consiste en que toda persona, en función sólo de su capacidad intelectual, puede pretender adquirir la misma cultura o instrucción que los más favorecidos por la fortuna.
El derecho a elegir maestro
Implica la existencia de múltiples organismos de enseñanza e igualdad de prerrogativas y libertad de elección entre ellos. La Declaración universal de los derechos del hombre reconoce este derecho y lo atribuye prioritariamente a los padres (suponiendo que los hijos son menores de edad): “Los padres tienen por prioridad el derecho de escoger la clase de educación de sus hijos.” (Artículo 26.3). Naturalmente, en caso de haber alcanzado la mayoría de edad, el ejercicio de este derecho corresponde a los propios educandos.
Nótese que, si bien frente al derecho a aprender existe el correlativo derecho a enseñar, frente al derecho a elegir maestro no existe un derecho simétrico a elegir alumnos, porque la libertad de enseñanza supone una fundamental apertura de las instituciones de enseñanza, que obliga a éstas a recibir a todos los alumnos que cumplan unos requisitos mínimos razonables.
La Constitución Nacional de la República Oriental del Uruguay garantiza la libertad de enseñanza: “Queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee.” (Artículo 68).
II · El problema de la libertad de enseñanza y la libertad religiosa
La libertad de enseñanza está estrechamente ligada a la libertad religiosa. La existencia de la libertad de enseñanza exige que no se imponga una religión o filosofía y que se respete el pluralismo intelectual. En lo referente a la libertad religiosa, el problema de la libertad de enseñanza incluye los siguientes tres aspectos principales:
- La enseñanza de la religión y la moral en el sistema público de educación.
- La libertad de las instituciones privadas de enseñanza.
- La financiación de las instituciones privadas de enseñanza.
Nos preguntaremos cuál es la mejor forma de garantizar la libertad de enseñanza en relación con la libertad religiosa y analizaremos críticamente las diversas soluciones propuestas a este problema. En teoría, la libertad de enseñanza podría alcanzarse de dos maneras:
Con un sistema de educación neutral en todo lo relativo a la religión y a la filosofía (llamaremos solución “liberal antigua” o “laicista” a esta primera alternativa).
Con un sistema de educación que refleje de la mejor manera posible los deseos de los ciudadanos en todo lo relativo a la transmisión de valores religiosos y filosóficos (llamaremos solución “liberal moderna” o simplemente “liberal” a esta segunda alternativa).
III · La solución laicista
El sistema laicista surgió en Estados Unidos y Francia a fines del siglo XVIII. Si bien en este sistema, junto a las instituciones de enseñanza públicas (laicas), se permite la existencia de instituciones de enseñanza privadas (de hecho mayoritariamente confesionales), el Estado financia en forma exclusiva y total a las instituciones públicas, gracias a lo cual la educación pública es gratuita, mientras que la educación privada debe ser paga. Debido a la gran influencia de los dos países mencionados, el sistema laicista se impuso en buena parte del mundo, incluyendo nuestro país.
Siguiendo a Horacio Terra Arocena,[2] distinguiremos los siguientes dos tipos básicos de laicismo:
- El laicismo liberal, que procura mantenerse neutral en las cuestiones religiosas y filosóficas.
- El laicismo tutorial, que tiene una orientación antirreligiosa consecuente y militante.
En la práctica, en la educación laica estas dos tendencias básicas se entremezclan en variadas proporciones. A grandes rasgos se podría afirmar que en el Uruguay predominó el laicismo tutorial en la primera mitad del siglo XX, mientras que en la segunda mitad se impuso el laicismo liberal.
El sistema laicista presenta los siguientes inconvenientes graves:
La educación debe tender al desarrollo integral del hombre. Es imposible alcanzar ese desarrollo integral ignorando la dimensión religiosa del ser humano, que forma parte de su esencia.
Los laicistas sostienen que, si los padres así lo desean, la escuela laica puede ser complementada con una educación religiosa aparte, por ejemplo la catequesis parroquial. Pero en verdad es inadecuado enseñar la religión cristiana como una materia aislada, sin relación alguna con las demás materias (literatura, historia, filosofía, etc.), que además son enseñadas con un espíritu indiferente u hostil a la fe. El cristianismo es una cosmovisión; tiene relación con todos los campos del saber, aunque respete su autonomía relativa.
El laicismo liberal es en principio menos nocivo que el laicismo tutorial. No obstante, en último análisis la educación filosóficamente neutra propugnada por el laicismo liberal es inviable, por lo cual esta tendencia corre el grave riesgo de convertirse en un laicismo tutorial implícito y tal vez hasta inconsciente. En la práctica la supuesta neutralidad es suplantada con frecuencia por una actitud de desvalorización de lo religioso o de propaganda sistemática de una filosofía secularista, en el fondo atea.
La elección de un tipo de enseñanza debería basarse fundamentalmente en su valor intrínseco. Sin embargo, de hecho la enseñanza es tan cara que, a falta de un sistema de subsidios a las instituciones privadas de enseñanza, se cae en una situación en la cual, para grandes sectores de la población, la libertad de enseñanza se convierte en un principio teórico sin vigencia real. Los padres que desean dar a sus hijos una educación religiosa deben afrontar costos que muchas veces están más allá de sus posibilidades económicas, por lo cual deben conformarse con los colegios públicos laicos. Esta situación injusta impide el acceso a la enseñanza religiosa de la mayoría de las familias de ingresos bajos o medio bajos y hace que dicha enseñanza quede más o menos reservada a las clases de ingresos altos o medio altos. En estas circunstancias no hay igualdad de oportunidades y el derecho de elección de los padres está muy erosionado. Las consecuencias del injusto sistema de subsidios son más dramáticas en países subdesarrollados, como los de nuestra América Latina.
Las instituciones católicas de enseñanza no tienen fines de lucro, pero deben cobrar sus servicios para poder solventar sus gastos de funcionamiento y las inversiones necesarias para ampliar o mejorar sus servicios. A menudo otorgan becas a alumnos provenientes de familias de bajos ingresos. Pero este recurso es limitado, por lo cual se produce el fenómeno del “elitismo”, injustamente achacado a dichas instituciones, pues en verdad es causado por el sistema impuesto por el Estado.
La supuesta gratuidad de la enseñanza pública no es real, por dos motivos:
- Los alumnos deben afrontar gastos considerables para proveerse de material de estudio.
- El subsidio estatal que sostiene al sistema público de enseñanza proviene en definitiva de todos los contribuyentes, mediante el pago de impuestos.
Todos los ciudadanos deben pagar sus impuestos, pero el Estado los emplea para beneficiar sólo a algunos, aquellos que prefieren la enseñanza laica. Al pagar sus impuestos, un ciudadano católico,[3] como el resto de los ciudadanos, contribuye al financiamiento de la enseñanza pública laica. Pero, si quiere dar a sus hijos una educación católica, él debe pagar además una cuota mensual a una institución privada de enseñanza. De modo que, a diferencia de un ciudadano agnóstico o ateo partidario de la enseñanza laica, él debe pagar dos veces: Una vez, forzado por la Ley, para pagar un sistema de enseñanza que no le agrada y del cual no se beneficia, y otra vez para pagar el tipo de enseñanza de su preferencia. Esta discriminación representa una grave injusticia. De este modo el Estado privilegia indebidamente a sus propias instituciones de enseñanza en perjuicio de su competencia privada y favorece deslealmente la educación laica en desmedro de la educación religiosa.[4] Dada esta situación, no es extraño que en Uruguay, como en muchos otros países, el sistema público de educación acapare una amplia mayoría de los estudiantes, en todos los niveles.
IV · La solución liberal
La solución liberal moderna se basa en el siguiente principio básico: El Estado no debe contentarse con tolerar la libertad de enseñanza, sino que debe promoverla activamente, para que ella alcance su máxima extensión posible. Esta promoción de la libertad de enseñanza se alcanza por medio de la equiparación de todas las instituciones de enseñanza, sean públicas o privadas. Así el Estado hace posible que todos los padres den a sus hijos el tipo de educación que desean para ellos.
Se destaca en primer plano el hecho de que todas las instituciones de enseñanza (públicas o privadas) prestan un inestimable servicio público que las hace merecedoras del apoyo estatal. Por lo tanto el Estado no trata a los sistemas privados de enseñanza como una competencia peligrosa de su propio sistema de enseñanza, sino como servicios alternativos ofrecidos a la sociedad. Queda entonces relegado a un segundo plano el tema de la gestión de las instituciones de enseñanza, que puede ser llevada a cabo por organismos públicos o privados. El ideal de esta tendencia es la equiparación total, que implica un reparto equitativo de los subsidios estatales entre las instituciones de enseñanza públicas y privadas.
La idea de la equiparación implica también a veces la posibilidad de brindar clases de religión optativas en las instituciones públicas, que por lo demás ofrecen una educación laica.
Los padres pueden optar por enviar o no a sus hijos a la clase de religión y elegir la religión de su preferencia. Los profesores de religión son nombrados por las Iglesias o comunidades respectivas y el Estado paga sus sueldos.
Estas ideas no son utópicas: En muchos países europeos y americanos se ha puesto en práctica una gran variedad de sistemas concretos que se acercan más o menos a la equiparación (por ejemplo, en Italia fue promulgada recientemente una ley de equiparación). Además existe una fuerte tendencia política hacia la equiparación total.
Un caso particular de esta tendencia es el sistema del “bono escolar”: El Estado entrega mensualmente un bono a cada estudiante para que con él pague el total o una parte del costo de su educación en una institución pública o privada. El Estado puede entregar bonos a todos los estudiantes o sólo a los de menores ingresos. El sistema del “bono escolar” se está difundiendo rápidamente en los Estados Unidos; en la actualidad se aplica en varios Estados.[5]
Comparando la solución liberal con la solución laicista, se pueden citar los siguientes argumentos a favor de la solución liberal:
La libertad de enseñanza y la libertad religiosa están mucho mejor tuteladas en el sistema liberal que en el sistema laicista, puesto que el Estado, procediendo con criterio igualitario, ofrece a los ciudadanos, no un mero permiso, sino la ayuda económica que necesitan para desarrollar el tipo de escuela que ellos mismos desean.
A diferencia de la solución laicista, que en el fondo desprecia la religión y por eso intenta imponer un humanismo secularista, cuyo propósito declarado es evitar que la libertad religiosa de los niños sea violada por medio de una educación religiosa, la solución liberal valora positivamente la educación religiosa y por consiguiente busca promoverla de acuerdo con las creencias de la población.
V · Esbozo de una visión cristiana del problema
En el problema de la libertad de enseñanza vista desde la perspectiva de la libertad religiosa intervienen (en los países de tradición católica) tres agentes principales:
Los padres
La responsabilidad de la enseñanza de los niños es ante todo de los padres. Ellos son los titulares de los derechos del niño, en particular del derecho a aprender y del derecho a elegir maestro. Los padres deben gozar de una verdadera libertad de elección de escuela.
El Estado
El Estado tiene e1 derecho de ordenar la educación para el bien común, pero no para imponer una determinada orientación filosófica, ideológica, política o económica. Su papel es complementario, subsidiario. Los poderes públicos, a fin de defender las libertades de los ciudadanos, deben velar por la justicia distributiva, repartiendo la ayuda de los fondos públicos de tal manera que los padres puedan elegir libremente, según su conciencia, la escuela para sus hijos. El Estado debe conceder a los padres los medios que precisan para ejercer ese derecho y establecer las normas que una escuela debe cumplir para poder ser subvencionada por toda la sociedad.
La Iglesia
El papel que le corresponde a la Iglesia es promover la enseñanza para penetrarla del Espíritu de Cristo y ponerse así al servicio de la construcción de un mundo más humano. A la Iglesia, Maestra de la verdad revelada por Cristo, le corresponde ante todo el derecho a enseñar. La libertad de la Iglesia implica necesariamente la posibilidad de transmitir libremente la fe cristiana, incluso a través de las instituciones de enseñanza.
VI · Otros aspectos del problema en el Uruguay
En el apartado III presenté los graves defectos intrínsecos del sistema laicista, que existen en todos los países donde éste impera. En este apartado indicaré algunos aspectos particulares del problema propios de nuestro país, que probablemente se den aquí con mayor intensidad que en los demás países latinoamericanos. Los problemas que deseamos destacar aquí son cinco:
La excesiva regulación de la educación privada.
En Uruguay rige una regulación de la educación privada de cuño exageradamente estatista. La intervención del Estado en el contralor de las instituciones privadas de enseñanza va mucho más allá de la regulación mínima descrita en la Constitución (cf. Artículo 68, citado en nuestro apartado (I). Contradiciendo la letra y el espíritu de la Constitución, el Estado uruguayo determina los contenidos de la educación privada hasta en sus más mínimos detalles (planes de estudio, programas de las diversas materias, etc.). Las escuelas y los liceos privados necesitan cumplir estos requisitos impuestos por el Estado para alcanzar la “habilitación” o reconocimiento oficial.[6]
La falta de un órgano regulador independiente.
En Uruguay la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) es a la vez el órgano gestor del sistema público de educación y el órgano regulador de los sistemas privados de educación. Como ambos sistemas compiten entre sí, la ANEP desempeña el doble rol de “juez y parte” en el “mercado educativo”, lo cual es altamente inconveniente.
El excesivo centralismo de la ANEP
Además, la ANEP gestiona el sistema público de educación de un modo altamente centralizada, de tal modo que en los sistemas de educación primaria, secundaria y técnica, una gran parte de las decisiones (importantes o no) son tomadas por las autoridades supremas en Montevideo. Esta concentración del poder se aplica en las más variadas materias: elaboración de presupuestos, gestión de compras, administración del personal docente y no docente. Los directores de las escuelas y liceos públicos tienen potestades muy escasas. Los padres de los alumnos, titulares del derecho de sus hijos a la educación, tienen una participación nula en la gestión de dichos establecimientos.
El cuasi-monopolio estatal en la formación docente
Si bien en Uruguay existen escuelas privadas, los maestros que allí trabajan provienen en su inmensa mayoría del instituto de formación docente del Estado. Existe sólo un pequeño instituto privado de formación docente en el área de la educación primaria y ninguno en el área de la educación secundaria. Por consiguiente, los profesores de los liceos públicos o privados, si es que han tenido una formación docente específica (caso minoritario), provienen también de un instituto estatal.
El monopolio estatal en varias carreras universitarias.
Aunque en los últimos años ha desaparecido el monopolio estatal en la educación superior en general, dicho monopolio se mantiene de hecho en algunos casos particulares. Así por ejemplo las Facultades de Medicina, Química, Ciencias, etc. de la estatal Universidad de la República siguen siendo monopólicas en sus respectivas áreas.
VII · Un poco de historia nacional
Desde la segunda mitad del siglo XIX se impuso entre los gobernantes e intelectuales del Uruguay la corriente de pensamiento liberal-racionalista, como un reflejo tardío de la Revolución Francesa.[7] En nuestro país, como en otros países de América y de Europa, esa corriente tuvo características fuertemente anticristianas. A partir del destierro de Monseñor Jacinto Vera (1862), primer Obispo de Montevideo, las logias masónicas lideraron el enfrentamiento con la Iglesia, la cual fue considerada como una institución oscurantista y enemiga del “progreso”. Sin llegarse a una abierta persecución de los cristianos, se intentó de mil maneras debilitar la influencia de la Iglesia en la sociedad, a través de un vasto programa de secularización. Antes de la separación de la Iglesia y el Estado (1919), impulsada sobre todo por el partido de José Batlle y Ordóñez, quien ocupó dos veces la Presidencia de la República y es generalmente considerado el artífice del Uruguay moderno, el triunfo principal de los liberales fue la reforma educativa de José Pedro Varela durante la dictadura del Cnel. Lorenzo Latorre (1877), que permitió desarrollar un sistema de enseñanza estatal centralizado con una doctrina oficial: el laicismo.
El laicismo fue presentado como una neutralidad respetuosa de las diferentes creencias religiosas de los ciudadanos. Pero en esta materia la neutralidad es imposible (recordemos las palabras de Jesucristo: “El que no está conmigo está contra mí”). La supuesta neutralidad es en realidad una oculta toma de posición que desestima la dimensión fundamental del hombre (la dimensión religiosa), favoreciendo el agnosticismo, la indiferencia religiosa o incluso el ateísmo y el desprecio de la religión.
La intensa hostilidad contra el cristianismo de parte del Estado uruguayo, característica de los gobiernos batllistas de las primeras décadas de este siglo, se fue diluyendo paulatinamente. De todos modos, la escuela laica logró ampliamente uno de los resultados buscados por sus creadores: Generaciones enteras de uruguayos fueron formadas en ambientes donde el nombre de Cristo y el signo de la Cruz estaban proscriptos. En la práctica, la enseñanza laica ha mantenido a muchísimos uruguayos en un estado de asombrosa ignorancia en materia religiosa. Esta ignorancia es mayor en los jóvenes formados en familias descristianizadas. Peor aún, muchos han sido inducidos a adoptar una actitud agnóstica o indiferente ante el problema religioso. A consecuencia de su formación, el hombre uruguayo tiende a ser menos religioso y más anticlerical que el latinoamericano típico.
El laicismo triunfante produjo además otro efecto nefasto: Se intentó, y en buena medida se logró, convertir a 1a fe cristiana en un asunto meramente privado, sin incidencia en la vida publica. Se procuró reducir la religión a una cuestión meramente individual, sin repercusiones políticas, económicas, sociales, culturales, etc. Se procuró aislar a los católicos en un ghetto, encerrarlos “en la sacristía”. Se quiso sofocar a la Iglesia.
La Iglesia sobrevivió. Pero, aunque presentó batalla, el proyecto laicista se impuso y el secularismo penetró hondamente en la mentalidad uruguaya. Los católicos perdieron gran parte de su influencia en la sociedad uruguaya, a pesar de muchas iniciativas bien inspiradas (por ejemplo, la Acción Católica).
VIII · Tiempo de cambios
Desde hace unos cuantos años, los vientos están cambiando. Se presenta ahora una nueva situación, más propicia para el lanzamiento de una nueva evangelización del Uruguay. Indicaré muy someramente algunos de los cambios principales en lo relativo a nuestra cuestión:
El Concilio Vaticano II (1962-1965) renovó la Iglesia universal, por medio de la reforma litúrgica, la promoción del apostolado seglar, la reforma de la vida religiosa, la apertura al diálogo ecuménico e interreligioso y muchos otros aspectos de gran importancia. El mensaje antiguo y siempre verdadero del Evangelio fue presentado al hombre moderno en un lenguaje nuevo. La Iglesia católica, por obra del Espíritu Santo, fue revitalizada y se hizo más claramente presente en la sociedad. De entre los muchos documentos emanados del Concilio, cabe destacar aquí las declaraciones Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa, y Gravissimum educationis, sobre la educación cristiana de la juventud.
Las dos visitas del Papa Juan Pablo II al Uruguay (en 1987 y 1988) fortalecieron a la Iglesia uruguaya y contribuyeron a reanimar a los católicos uruguayos a profesar su fe públicamente y con alegría.
La apertura de la Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga (UCUDAL) en 1985, con reconocimiento oficial, terminó con un prolongado monopolio estatal de la educación superior (situación casi única en América).
El posterior surgimiento de otras universidades privadas, entre las cuales se cuentan la también católica Universidad de Montevideo (UM) y la Universidad ORT, relacionada con la colectividad judía, fortaleció la libertad de enseñanza en el nivel terciario.
La reforma educativa desarrollada durante el pasado período de gobierno (1995-2000), aunque mantuvo incambiados los defectos propios de nuestro sistema laicista y centralista, produjo algunas mejoras importantes (por ejemplo en la educación preescolar y la formación docente) y contribuyó a centrar la atención del sistema político en la necesidad de reforma de nuestro sistema educativo.
El histórico gesto del Dr. Jorge Batlle (sobrino nieto de José Batlle y Ordóñez), quien visitó al Arzobispo de Montevideo, Mons. Nicolás Cotugno, pocos días después de ser elegido Presidente de la República (en noviembre de 1999), permite esperar que en el futuro próximo el Estado uruguayo tenga una actitud más inclinada al diálogo y la colaboración con la Iglesia.
IX · Dos declaraciones de la CEU
En los últimos años la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) volvió a explicitar varias veces con energía la posición tradicional de la Iglesia sobre la libertad de enseñanza. A continuación reproduciré íntegramente una declaración de la CEU del día 12 de noviembre de 1990:
“Todos los Obispos del Uruguay, reunidos en Asamblea Ordinaria, vemos con preocupación un hecho más que constituye un retroceso en el campo de la libertad de enseñanza. Queremos, por lo tanto, comunicar a la opinión pública nuestra inquietud, compartiendo las angustias de los padres y de los abnegadísimos maestros de los colegios católicos de todo el país.
Recientemente sufrimos una lamentable discriminación del boleto estudiantil en la Capital de la República.
Ahora vemos con sorpresa que se prepara un gravamen de casi un 20% sobre los presupuestos de nuestras escuelas, liceos y universidad.
La libertad de enseñanza consagrada en la Constitución (art. 68) no es efectivamente respaldada en los hechos, como correspondería en una sociedad pluralista y respetuosa de los Derechos Humanos.
La educación básica es un deber. La libre elección de maestros e instituciones para cumplir con ese deber es un derecho de los padres. Pero para poder ejercer este derecho y cumplir con el deber de educar a sus hijos, los padres deben pagar una cuota, además de los impuestos con que todos contribuyen a la enseñanza estatal. Los padres de menores recursos, que constituyen la mayoría en nuestros colegios, tienen casi imposibilitado el acceso a este derecho.
La democracia, que por definición es pluralista, exige el respeto a las convicciones de los padres, sean éstos agnósticos, católicos u otros. Para lograrla sería necesario emprender un proceso que cree un sistema de escuela gratuita para todos y que contemple las diversas convicciones.
Esta expectativa de padres y educadores llevó al Papa Juan Pablo II a decir cuando estuvo entre nosotros: “Abrigo el deseo de que los responsables aseguren que las subvenciones estatales sean distribuidas de tal manera que los padres, sin distinción de credo religioso o de convicciones cívicas, sean verdaderamente libres en el Ejercicio de elegir la educación de sus hijos sin tener que soportar cargas inaceptables.” (Discurso al mundo de la cultura, 7 de mayo de 1988).
Manifestamos la esperanza de que no se llegará a lesionar nuevamente los derechos humanos de los padres, docentes y alumnos de nuestras escuelas. También declaramos que la gravedad e importancia de la educación nos obliga a proclamar desde ahora la firme decisión de dar los pasos necesarios para que todos los padres alcancen la efectiva posesión del derecho constitucional a la libertad de elegir la enseñanza que prefieran para sus hijos.”
A fines de 1998 otra declaración de la CEU que criticó el ordenamiento del sistema educativo uruguayo, calificándolo como “antidemocrático e inconstitucional”, fue objeto de ácidas respuestas de parte de importantes funcionarios del gobierno de entonces (mis comentarios sobre esta polémica se encuentran en este mismo sitio web).
X · Propuestas para seguir avanzando
A continuación enumeraré un conjunto de propuestas que apuntan a transformar nuestro sistema educativo promoviendo la libertad de enseñanza y la libertad religiosa y agregaré un breve comentario a cada una de ellas:
Enseñanza de la religión en las escuelas y los liceos públicos
Este proyecto pondría en jaque al instrumento básico del secularismo: la escuela pública obligatoriamente prescindente de lo religioso. Debido a su gran complejidad, su implantación sería gradual, insumiría mucho tiempo y requeriría un gran esfuerzo de toda la Iglesia (clérigos, religiosos, catequistas, docentes y estudiantes católicos, etc.). Pero sería un esfuerzo que rendiría sus frutos. Creo que sería recomendable comenzar con pequeñas experiencias piloto en distintas zonas del país (tal vez en Montevideo y Canelones).
Los Obispos deberían determinar las condiciones requeridas para que un católico fuera profesor de religión en el sistema público de educación. Nótese que Montevideo ya cuenta con un instrumento apto para la formación de dichos profesores: La maestría en ciencias de la religión del Centro Superior Teológico-Pastoral.
Destaco un hecho que puede resultar sorprendente: Según un reciente estudio sociológico,[8] el 41% de los montevideanos están a favor de la educación religiosa en las escuelas públicas; esto ocurre, además, en un momento en que la discusión pública sobre este tema es virtualmente inexistente. Cabe esperar que el respaldo a una iniciativa de este tipo aumentaría si se explicara clara y enfáticamente el carácter optativo de la educación religiosa en las escuelas públicas.
Distribución equitativa de subsidios a la educación pública y la educación privada.
En orden a remediar la injusta situación actual, el Estado debería comenzar a subsidiar a las instituciones privadas de enseñanza. El alcance de ese subsidio dependería del monto global de los recursos financieros que el Estado pudiera dedicar al sector de la educación, pero se debería tender hacia un justo equilibrio en la distribución de subsidios entre las instituciones de enseñanza públicas y privadas. Los subsidios deberían ser destinados preferentemente a las familias más necesitadas, es decir las de menores ingresos o las más numerosas. No intentaremos discutir aquí cuál es la mejor manera de llevar a la práctica este principio. Creemos que es de gran importancia y urgencia para los católicos uruguayos estudiar y aprovechar las experiencias de los países que han avanzado en esta dirección.
Desregulación de la educación privada
Se debería exigir el cumplimiento estricto del Artículo 68 de la Constitución, por lo cual la elaboración de planes de estudio y de programas y la elección de métodos pedagógicos serían básicamente responsabilidades de las instituciones privadas de enseñanza.
Creación de un órgano regulador de la educación independiente de la ANEP.
Este órgano regulador podría ser una repartición del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Su función básica sería controlar que todas las instituciones de enseñanza cumplan los requisitos mínimos exigidos por la ley. Debería aplicar las mismas normas a las instituciones públicas y a las privadas. El MEC ya tiene potestades para la regulación de las universidades privadas. Estas potestades deberían ser extendidas a la educación primaria y secundaria y a la Universidad de la República.
Participación de los padres en la gestión de las escuelas y los liceos públicos.
En principio esta participación podría tener un carácter consultivo, aunque no se debería descartar a largo plazo una participación directa de los padres en los órganos de dirección de cada escuela o liceo públicos.
Creación de un gran instituto católico de formación docente.
Aunque por el momento parezca una posibilidad lejana, un instituto de esta clase es una necesidad indispensable en nuestro país, si se quiere que la educación católica sea plenamente católica. Las dos universidades católicas del Uruguay podrían jugar un rol en este proyecto.
Creación de una Facultad de Filosofía en la UCUDAL
A la vez que aplaudo la próxima transformación del Instituto Teológico del Uruguay Mariano Soler (ITUMS) en Facultad de Teología, quiero destacar la necesidad de crear una Facultad de Filosofía en la UCUDAL, para ofrecer una alternativa católica a la licenciatura en filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, cuya orientación general es adversa a la fe cristiana. Huelga destacar la importancia de la promoción de una filosofía cristiana dentro de la gran tarea de la evangelización de la cultura.
Por supuesto, muchas de estas propuestas (sobre todo las dos primeras) encontrarán una dura resistencia, pero la Iglesia no debe dejarse arredrar por esto. Ella sabe que, como su Divino Fundador, será siempre un signo de contradicción. Es importante recordar que no se trata de solicitar privilegios al Gobierno, sino de exigirle el reconocimiento de derechos de la Iglesia y de las familias uruguayas. En esta tarea el rol de los laicos será seguramente decisivo.
Al final de este artículo, quiero destacar la enorme importancia que la tarea educativa tiene para la Iglesia y la gran energía con que ella defiende la libertad de enseñanza. Gran parte de la suerte de la nueva evangelización se jugará en el ámbito de la educación, por lo cual debemos extremar los esfuerzos para que la educación católica llegue a todos los que desean recibirla. Tengo la esperanza de que, con la ayuda de Dios, surjan pronto iniciativas concretas en ese ámbito que sirvan como punto de partida para la nueva evangelización de nuestro descristianizado Uruguay.
[1] Los cinco primeros apartados dependen en buena parte de un número (que hoy no puedo precisar) de la revista “Imágenes de la fe – Fetes et saisons en español”.
[2] Cf. Horacio Terra Arocena, La libertad de enseñanza y su reglamentación, Separata de Estudios de Ciencias y Letras nro. 7, Montevideo, 1983, pp. 12-15. La obra citada es un excelente análisis filosófico y jurídico del problema de la libertad de enseñanza en el Uruguay. El texto original corresponde a una exposición leída por Terra Arocena en 1955 en el Ateneo de Montevideo (un importante club racionalista), en el marco de una mesa redonda convocada por la Alianza por la Educación Laica.
[3] Consideramos a modo de ejemplo el caso de un ciudadano católico por ser el más común en nuestro país; pero algo similar ocurre en el caso de un ciudadano protestante o judío o de cualquier otra confesión religiosa.
[4] En Uruguay el único subsidio estatal a la educación privada es la exoneración de impuestos nacionales y municipales dispuesta por el Artículo 69 de la Constitución.
[5] Uno de los principales impulsores del sistema del “bono escolar” es el conocido economista liberal Milton Friedman. En Milton y Rose Friedman, Libertad de elegir, Editorial Planeta-De Agostini, Barcelona, 1993, pp. 211-264 se puede encontrar una interesante exposición de los problemas del sistema educativo estadounidense y de las propuestas de solución de los esposos Friedman.
[6] Hasta 1971 los egresados de las escuelas primarias privadas debían dar un examen de ingreso para pasar al liceo (educación secundaria), a pesar de que en general recibían una educación de mejor calidad que los alumnos de las escuelas públicas, quienes no tenían que dar ese examen.
[7] A quienes quieran profundizar en los aspectos histórico y filosófico de nuestra cuestión, les recomiendo los siguientes libros: Gerardo Caetano–Roger Geymonat, La secularización uruguaya (1859-1919). Tomo 1: “Catolicismo y privatización de lo religioso”, Taurus (Ediciones Santillana S.A.), Montevideo, 1997 (ver sobre todo los capítulos I y II). || María Cristina Araújo Azarola, Contexto filosófico y religioso de la propuesta educativa de José Pedro Varela, HEGIL-Impresos, Montevideo, 1989.
[8] Néstor Da Costa – Guillermo Kerber–Pablo Mieres, “Creencias y religiones. La religiosidad de los montevideanos al fin del milenio”, Ediciones Trilce, Montevideo, 1996 (mis reflexiones a propósito de este libro se encuentran en este mismo sitio web).
Revista Fe y Razón 